Las primeras iniciativas de los nuevos Ayuntamientos formados en las dos principales ciudades no dejan vislumbrar novedad ninguna en el tema de los desahucios. El equipo de Carmena, jueza emérita, ya ha admitido que no se pueden paralizar por la mera voluntad del Ayuntamiento y pone su empeño en sondear a los principales bancos, con los que se ha reunido, para la cesión de viviendas y la viabilidad de la "oficina antidesahucios".
Por lo que se sabe hasta ahora del futuro organismo municipal, mediará para que los bancos reestructuren la deuda hipotecaria, alarguen plazos, se acepte un alquiler social.
No encontrará resistencia alguna para hacer eso. Son las medidas que lleva aplicando la generalidad de las entidades financieras españolas antes del código promovido por el Gobierno de Rajoy y de que Ada Colau, entonces en la PAH, tildara a los bancos de asesinos.
En caso de no llegar a acuerdo alguno, el Ayuntamiento proporcionará "una solución habitacional" a la familia desahuciada, es decir, una vivienda cedida por un banco. Nada nuevo. Esta misma semana el presidente de la AEB, José María Roldán, recordaba que la banca ha refinanciado durante la crisis las hipotecas de 1 de cada 10 clientes, y que de los 6.000 pisos cedidos a las administraciones, unos 4.500 siguen vacíos.
No es popular ni populista pero habría que dejar de señalar a los bancos como autores de todos los males en el tema de los desahucios y fijarse un poco más en los políticos, los viejos y los de ahora, que no han tenido voluntad de implantar una red eficaz de viviendas sociales para amparar a los que se han quedado sin hogar ni reconocer que en la pérdida de un piso por impago no siempre está una hipoteca ni un banco detrás. Según recogía el plan de choque de Barcelona en Comú, al día se producen una media de 15 desahucios en Barcelona, el 80% de ellos debido a que se ha dejado de pagar el alquiler.