La hora de la verdad podría haber llegado para Grecia. Utilizo el condicional porque con Atenas y con la Unión Europea, a la vista de lo ocurrido en los últimos largos años, no es fácil adivinar cuáles serán los tiempos.
La tendencia sí, es clara, la relación va a peor porque la desconfianza mutua es creciente. Todo indica que, sea esta semana, sea este mes o el que viene -sea, quizá, dentro de un año-, la tragedia ha entrado en el tercer acto, el del desenlace.
Y es el Gobierno de Alexis Tsipras el que tiene la última palabra. Puede enarbolar la bandera de la soberanía griega para defender sus promesas electorales contra viento y marea, pero es el mismo argumento que esgrimirán sus acreedores: tienen derecho a imponer las reformas que garanticen que, en el futuro, la economía griega crecerá lo suficiente para pagar a todos los contribuyentes de la Unión, que son los que han puesto de su bolsillo el coste del rescate.
Por tanto, llegados a este punto, se acaba el juego diseñado por Varufakis. El Gobierno de Syriza solo tiene dos opciones: aceptar el programa de reformas o tirar la toalla. Y, en ambos casos, tendrá que apechugar con las consecuencias.
Me dirán que también tiene un precio para Bruselas. Depende de cómo actúe. Desde el punto de vista estrictamente financiero, el riesgo está provisionado. Por tanto, la consecuencia en los balances del sector será prácticamente nula. Asumirán las pérdidas y a otra cosa.
Cuestión distinta es la lectura política y la que pueden hacer los mercados. Si interpretan que se abre la puerta a nuevas salidas, que el proyecto de solidaridad europeo ha quebrado, pueden provocar un terremoto de consecuencias inimaginables. Pero si Bruselas logra que veamos su decisión como la condición necesaria para pertenecer a un club fiable y exigente, aunque provoque a corto plazo un tsunami, a la larga será una historia de éxito. A costa, por supuesto, de los pobres griegos: ellos serían los grandes paganos de la operación.