La política económica insostenible de José Luis Rodríguez Zapatero dejó a España quebrada y al borde de un rescate, que si no se produjo fue porque era un plan insostenible para la troika. Por su parte, el austericidio de Mariano Rajoy ha disparado la deuda pública por encima del abismal nivel en el que la dejó su predecesor. Si España no ha suspendido pagos es por la ayuda del BCE, que ha sostenido el país con su política expansiva.
En estas circunstancias, ¿se puede calificar la imperceptible recuperación económica como sostenible? ¿Teniendo en cuenta la deuda casi impagable, el déficit autonómico disparatado y el mercado laboral precario y seiscientoseurista?
Los partidos políticos españoles no tienen límite a la hora de hundir económicamente al país. Tanto es así que la formación neocomunista Podemos y sus filiales (que con el PSOE ha formado un nuevo Frente Popular) amenaza con implantar en nuestro país un ruinoso sistema económico propio de repúblicas bolivarianas, que puede terminar con los españoles haciendo colas interminables para comprar cualquier producto de primera necesidad.
Y mientras tanto, ninguno de los partidos que aspira a hacerse con el poder en España (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) está planteando alternativas para solucionar los verdaderos problemas económicos que sufre el país: deuda pública, déficit y desempleo.
Nuevo régimen
Es el momento de que la sociedad civil presiones para que se reproduzca en España el 'harakiri de las cortes franquistas', aunque adaptado a la actualidad. Históricamente, se conoce así a la aprobación de la Ley 1/1997 para la reforma política. Fue la última de las Leyes Fundamentales que aprobaron las Cortes franquistas, y supuso el certificado de defunción del antiguo régimen (y la retirada de muchos de sus dirigentes), además de permitir estructurar jurídicamente la transición hacia nuestra pseudodemocracia.
El actual régimen, que ampara la corrupción política, debe abolirse, y gran parte de sus representantes deben suicidarse políticamente, sobre todo la casta política autonómica y local prescindible. España necesita una reestructuración del modelo territorial, para eliminar todas las redes clientelares vinculadas.
Mientras la sociedad civil no tome conciencia de este problema, y presione para que la casta tome medidas (no va a inmolarse políticamente si no les obligan los españoles), el capitalismo de amiguetes seguirá instalado en España, incrementando la desigualdad y la precariedad.
Alemania, Francia e Italia ya han empezado a plantear y aplicar la reducción del número de regiones y provincias; un camino que debería seguir también España.