Las recientes elecciones celebradas en España parecen deparar cambios importantes de partidos y personas. Siempre se ha resaltado la importancia que tienen los ayuntamientos de Barcelona y Madrid: no cabe por tanto extrañarnos de que las declaraciones y propuestas que Ada Colau, más que posible alcaldesa de Barcelona, como de Manuela Carmena, que cuenta con muchas posibilidades en Madrid, despierten un gran interés.
Ambas, a la hora de emitir propuestas, deberían tener presente, especialmente en el caso de Madrid dado su altísimo endeudamiento, el coste de las mismas para las arcas municipales y la posibilidad de financiación. Las propuestas realizadas en materia de luz, agua, bancos de tierra y viviendas, gastos en dotaciones y servicios municipales, educación, contratación de personal y otras medidas conlleva una importante factura. Nos explican lo que quieren hacer, pero no cuantifican el coste, ni de dónde va a salir el dinero. ¿Quién va a financiar todas estas medidas? Parece difícil que sean bancos o entidades financieras, máxime desde que su supervisión depende del BCE, y encima estas entidades se ven penalizadas con nuevas tasas e impuestos, y perjudicadas por alguna de las medidas que quieren llevar a cabo.
No parece tampoco probable que en caso de emitir activos financieros, renta fija, los inversores vayan a confiar demasiado en ellos. En esta materia, cabe recordar que sin rating o con el mismo a nivel muy bajo (bono basura) el interés entre los inversores es ínfimo o muy reducido, además de tener que pagar un elevado interés. Por cierto, como saben, existe un compromiso de obligado cumplimiento para no disparar el déficit de los ayuntamientos con el Estado. Se alegará que este compromiso de techo máximo de gasto, si sale un Gobierno de diferente color al actual, se puede modificar y ampliar; sin embargo, se olvida que España está sujeta a los dictados de la Comisión Europea, la cual es inflexible. Descartada esta posibilidad, y con muy baja posibilidad de financiación, solo queda una solución: subir impuestos. Para tranquilizar a los ciudadanos se nos dirá que se hará solo a empresas, a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Con este impuesto, me pregunto: ¿se crearán o radicarán más empresas grandes en ambas ciudades?; ¿será suficiente la recaudación o se crearán más impuestos? Otro de los puntos que anuncian parece inviable, la creación de un banco público municipal-regional. Parecen desconocer que la banca es una actividad que debe contar con la autorización del Banco de España, dependiente al cien por cien del BCE. ¿Concedería permiso el BCE para esta entidad? Lo dudo: ya sabemos en esta materia cómo es Fráncfort; preséntenles una petición de banco público y miren sus caras. Si no tiene autorización, nuevamente aparece el matiz de la financiación: ¿han pensado cómo se va a financiar? ¿De dónde va a salir el dinero para conceder los préstamos? ¿Se harían en la moneda que Ada Colau pretende acuñar? ¿Sabe Colau que no tiene potestad para acuñar moneda? ¿Sabe que de hacerlo está penado por el Código Penal, artículo 386? Quizá desarrollen un crowdlending, ¿pero quién invertirá en proyectos de alto riesgo?
Otra de las medidas que deberían ser analizadas con mucho cuidado es el tema de un stock de viviendas procedentes de entidades financieras, Sareb y otras, creando un parque municipal de viviendas en régimen de alquiler social. Esa, me atrevo a decir, manipulación del mercado supondría un descenso automático de todas las rentas que se pagan por alquiler (shock de ampliación de oferta), provocando una nueva bajada del precio de la vivienda al caer la renta que se puede generar con la misma. Cuando se dicen estas cosas saben que en España el 77,7 por ciento de la vivienda es en propiedad, que si el precio cae, la familia española se empobrece, pues el peso de la vivienda en el patrimonio de la familia española alcanza el 73 por ciento. Estos datos se pueden encontrar en el informe de Inverco del año 2014, con perspectivas para 2015.
Convendría también pensar lo de paralizar operaciones urbanísticas. España necesita la llegada de inversión, como por ejemplo la del edificio España o la operación Campamento, donde se pueden generar puestos de trabajo. Es con la inversión y la creación de empresas con lo que realmente se rebaja el drama del paro. Seguro que me dirán que todas estas cuestiones se pueden debatir y solucionar, al menos aquí en Madrid, ahora que hace calor, en una terraza. Pero saben que Carmena pretende revisar o si se prefiere aumentar las tasas que regulan el uso del espacio público, como hacen precisamente las terrazas. Terrazas que son propiedad, en su mayoría, de micropymes y autónomos. ¿No habíamos quedado que Podemos iba a defender y a proteger a los autónomos y pequeños empresarios? Bueno, ya sabemos que para Tania Sánchez, muy próxima a Podemos, los autónomos somos una "especie de explotador de sí mismos".
