La economía española anda por una buena senda. La actividad e incluso el empleo progresan algo. Sin duda, los fundamentales de la economía española no son boyantes: aún sobresalen los excesos en paro, protección y economía informal así como los déficits en productividad, competitividad e ingresos fiscales. Sin embargo, el país ha restablecido el tejido productivo y hay oportunidades de negocio.
En este contexto ha aparecido el riesgo político. Las elecciones del 24-M evidencian que España deberá afrontar incertidumbres importantes sobre su orientación político-económica y su integridad territorial. España presenta, pues, un riesgo político doble: institucional y territorial. El riesgo institucional tiene varios componentes: corrupción, debilidad del poder judicial y del Estado de Derecho y sobre regulación. El mayor peligro derivado de este riesgo institucional es que un partido radical y antisistema cual Podemos sea elegido para el Gobierno de España.
El riesgo territorial tiene varios componentes: descoordinación, invasión de competencias, gasto público sin tasa, corrupción, sobre regulación, fragmentación del mercado nacional, conversión del localismo y regionalismo en nacionalismo separatista, conflictos entre Gobiernos, apropiación de la soberanía y puja por la independencia. El mayor peligro derivado de este riesgo territorial es el secesionismo radical en Cataluña.
Estos dos riesgos políticos de España están interelacionados. En rigor, se trata de dos disfunciones del sistema político español y una depende de la otra: la disfunción institucional ha acabado afectando severamente a la distribución territorial del poder. El riesgo político de ambas afecta a la esencia de la democracia española, al ser del Estado de Derecho y al ser de España. El curso futuro de estos dos riesgos se va a dirimir con la capacidad o no de la democracia española para resolver el reto separatista con los instrumentos del Estado de derecho. De esta suerte, sin calidad institucional no habrá integración territorial de España y, a la inversa, con desintegración territorial no habría democracia en los restos de España.
En verdad, como españoles del siglo XXI no creemos que exista un carácter patrio pesimista, decadente o somnoliento, ni creemos en otros tópicos típicos de la leyenda negra de España. España es hoy una nación con una economía capitalista de mercado avanzadísima, una producción y un consumo de masas espectaculares, un Estado del Bienestar pletórico y una democracia política fenomenal. Pero no es menos cierto que la calidad institucional se mide por la capacidad de resolver problemas; mejor aún, en la capacidad de evitarlos.
Las instituciones territoriales de España no propenden a evitar problemas ni los resuelven con bien, y a menudo los fomentan. Diseñada para la concordia, la descentralización completa de la administración en el Estado de las Autonomías se ha convertido en una fuente de conflictos no resueltos que permiten el desacato, la insumisión y otras figuras inscritas en cualquier código penal.
Los mercados existen. Pudo parecer que ante el riesgo catalán la bolsa estaba plana, probablemente porque descontó que la secesión jamás se produciría. No obstante, la conjunción entre la incertidumbre territorial y la incapacidad institucional puede precipitar el riesgo país de España. Efectivamente, el acceso al Gobierno español de un partido radical antisistema daría opciones reales a los radicales separatistas catalanes.
Hasta las hipotéticas elecciones catalanas del 27 de septiembre y las elecciones generales españolas de noviembre, hay en perspectiva un envalentonamiento del Gobierno de la Generalitat y de otras autonomías y ayuntamientos -que cualquier día te declaran la independencia-, y una merma de la capacidad de acción del Gobierno central. El futuro de España es realmente incierto. De no alcanzar un partido mayoría absoluta, los analistas estrategas y las agencias de rating descuentan más un Gobierno PSOE-Podemos que un gobierno PP-Ciudadanos. Por su lado, los partidos interesados descartan aquello que convendría a España y a la democracia: la coalición PP-PSOE.
Conocemos que la inestabilidad política tiene un coste tangible: auge de la prima de riesgo, caída de las cotizaciones y de la capitalización bursátil, congelación y huida de inversiones, y finalmente fuga de depósitos. La factura alcanzará varias decenas de miles de millones de euros.
En este punto conviene señalar que, aprovechando la presencia de las televisiones de toda España y de medio mundo en la final de la Copa del Rey este sábado 30 de mayo, los separatistas presentes en el Camp Nou se ensañarán con los símbolos de España. Mostrarán su total falta de respeto al resto de catalanes y de españoles. Con ello añadirán otra muesca más a su hoja de ruta, desacreditarán las marcas Cataluña y España y estimularán la huida de inversiones (¡a Madrid!) y fuera del país.
Si en este próximo otoño los riesgos institucional y territorial de España empeoraran, peligrarían la libertad y la democracia y el bienestar y el progreso de los españoles. El país estaría abocado a una crisis nacional trágica. Para varias generaciones de españoles serían profundos los dolores de todo orden y los costes de semejante cataclismo. Sin duda, y gracias al Estado de derecho ¡los españoles no repetiremos la historia!
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