No es bueno ser pobre porque esta condición obliga a tomar decisiones odiosas, como la tomada en 2009 cuando se permitió a los no residentes comprar deuda pública española sin necesidad de identificarse. La finalidad de dicha medida era atraer más capital. Por ello, a partir de entonces se puede invertir desde un paraíso fiscal, sin que haya obligación de identificarse. Fruto de esta desafortunada medida, llega mucho dinero a España procedente de jurisdicciones opacas, de origen desconocido, que encuentra en nuestra deuda pública un activo seguro y opaco para sus ahorros.
Analizando las razones para llevar capital a un paraíso fiscal, vemos que la ventaja, además de su escasa tributación, es la opacidad de dicha inversión. Es un hecho que no es barato depositar activos o ahorros allí. Las comisiones de intermediarios son elevadas, disponer del dinero es farragoso porque las normas tributarias españolas contienen muchas cautelas y penalizaciones que endurecen el tratamiento de estas operaciones?. En una palabra, invertir en un paraíso es caro, complejo y da problemas.
Por ello, no es muy difícil imaginar que el que allí quiere invertir no lo hace por una razón económica legítima, sino para ocultar el origen de su patrimonio, o para defraudar a Hacienda. De ahí que la identificación entre paraísos y delincuencia sea plena y que podamos afirmar, sin temor a errar, que la mayoría del dinero allí depositado procede del delito, ya sea derivado directamente de él, como si procede de actividades legales que no se declaran, por lo que estaríamos hablando de delito fiscal. El delincuente debe ser castigado, pero el que luego colabora para las ganancias del delincuente comete delito de blanqueo de capitales. De ahí que instituciones bancarias sean objeto de especial control por la normativa antiblanqueo, ya que el dinero del crimen circula por los mismos circuitos económicos que el dinero legal, y los millones de movimientos que realizan los bancos a diario podrían ocultar el flujo de dinero sucio sin que las autoridades lo adviertan.
Otro hecho destacable es la configuración de la perniciosa amnistía del 2012, cuya declaración no pedía justificar por el origen de los fondos. El 11 de mayo de 2012, el entonces secretario general del tesoro y actual Secretario de Estado de Economía emitía una nota impecable, en la que afirmaba que los movimientos de efectivo vinculados a la amnistía deberían ser revisados con el máximo rigor a efectos de observar las medidas de diligencia debida para prevenir el blanqueo. Sorpresivamente, 13 días más tarde, se matiza el criterio diciendo que "no resultará preceptiva ninguna comunicación cuando respondan únicamente a eventuales infracciones tributarias que deban reputarse regularizadas?" Ello fue interpretado por las entidades financieras como que no era necesario realizar ningún reporte al supervisor de blanqueo ya que, según se recordó por parte de las autoridades fiscales del momento, la Declaración Tributaria Especial no amparaba a los blanqueadores. El círculo se cerró cuando la Agencia Tributaria, a pesar de que fue impelida para ello por parte de los inspectores de Hacienda, no comprobó el origen del dinero que se regularizó con las declaraciones de la amnistía. De las 30.000 declaraciones de la amnistía, solo 700 han sido enviadas al Sepblac para su investigación.
Pues bien, estos tres aspectos, inversiones opacas, paraísos y amnistía, confluyen en el Banco Madrid, de inminente y ruinosa liquidación, pues pese a que los activos del banco rondan los 6.000 millones de euros existe la posibilidad que los 15.000 depositantes sólo puedan recuperar los 100.000 euros garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Este daño a los ahorradores, y a la credibilidad de nuestro sistema financiero era evitable, pues se trata de una entidad solvente. Hubiera sido más provechoso para todos si la intervención del Banco de España hubiera erradicado las malas prácticas del Banco Madrid y lo hubiera devuelto a la economía para que, liberado de delincuentes y de sus antiguos gestores, pudiera seguir operando. El enemigo no es la banca, ni siquiera cuando ésta es una banca de inversión cuyos clientes son adinerados. El Banco Madrid era un banco solvente, al que no solo dejamos caer, sino al que hacemos caer. En lugar de liquidar bancos solventes, sería mejor castigar a los culpables de blanquear dinero, sus gestores, y no a todos los ahorradores. Y sería más que recomendable mejorar nuestros instrumentos e instituciones de control y no depender de que otros países nos avisen.