Vivimos unos días en los que más que analizar las propuestas de unas u otras opciones políticas para mejorar nuestro país, hemos de andar ojo avizor con carácter previo para comprobar que lo dicho sea cierto. La verdad, la aletheia que refiere a lo que no está oculto, cotiza a la baja, ahora que más la necesitábamos.
Nos preguntamos si el corazón es tan sincero como el verbo, si la buena fe preside los discursos, si la persecución de la idea platónica del Bien como destino supremo será su meta y nuestra dicha por ende. Y cuanto más lo cuestionamos, más certeros estamos en la duda, incluso en la propia duda. Voy a contarles algo que nadie dijo sobre el mercado de trabajo, y que es del todo cierto.
En efecto, es verdad. Hace un buen puñado de años, en su origen, la legislación sobre empresas de trabajo temporal contribuyó a precarizar el empleo. El Real Decreto 14/94 reconocía un salario a los trabajadores puestos a disposición de un 80% de su labor y el resto se destinaba a retribuir a estas empresas. Entonces, es verdad, nacieron empresas de trabajo temporal creadas por las propias empresas destinatarias para ahorrar ese 20% de gastos salariales.
Poco después, es verdad, patronal y sindicatos elevaron ese derecho salarial al 100% a través del conocido como Real Decreto de igualación de salarios. Entonces el zapatero vuelve a sus zapatos y desaparecen esas empresas creadas en perjuicio de los trabajadores. Entonces es cuando podemos afirmar que nacen realmente las empresas de trabajo temporal.
Sobre las empresas que prestan servicios
Pero corren días, no es menos verdad, en que el sustituto de aquel engaño se ha transformado en otro constituido por las empresas denominadas de prestación de servicios que no reconocen los derechos que las Etts sí ofrecen a las personas que ponen a disposición. Y como la verdad, y nada más que la verdad, sólo tiene un camino, ilustraremos la cuestión en busca de la citada aletheia a fin de que nada quede oculto.
En primer lugar, las empresas de servicios tienen como fin ofrecer productos o servicios, no personas. ¿Por qué se consienten estas prácticas? Además, son retribuidas por el resultado concreto de sus servicios, no por la puesta a disposición de trabajadores a los que nadie reconoce sus derechos y que son dirigidos por las citadas organizaciones, no por las empresas usuarias como es debido.
Es verdad, habitamos un país que ofrece igualdad de garantías y derechos; también de obligaciones, a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. La Constitución que todos nos dimos y que anda siendo cuestión de debate en la contienda política así lo reconoce. Pero ¿es verdad? ¿protegemos como es debido el bien jurídico más preciado que tenemos y que no es otro que la vida humana?
¿Seguiremos, me pregunto, denostando a organizaciones serias que garantizan con su propio patrimonio ante la Dirección General de Empleo la cobertura del salario íntegro fijado en contrato laboral en caso de que vengan mal dadas, o miraremos para otro lado cuando ese a quien se discrimina como trabajador y como persona no es nuestro hermano, ni nuestro amigo, ni nuestro hijo?
He ahí la cuestión, cuestión de verdadera confianza, porque he ahí la verdad... y nada más que la verdad.