Las últimas cifras de la EPA y del paro registrado no fueron tan excepcionalmente buenas. El desempleo según la EPA aumentó en 30.100 personas respecto al tercer trimestre. Cierto que fue más de dos puntos inferior a un año antes y se consolida la tendencia a aumentar los empleos con jornada completa, pero sigue aumentando la tasa de temporalidad.
Otro factor a considerar es que el PIB creció un 2% anual en el último trimestre (INE) y la ocupación un 2,5%, lo que sugiere que los empleos creados se producen en sectores de baja productividad. El paro registrado de enero volvió a aumentar, en concreto 77.980 más en relación al mes anterior; aunque haya sido el enero "menos malo" de los últimos años, en términos de afiliación, se ha destruido más empleo que en el mismo mes de 2014.
Soy de los que creen posible un crecimiento sostenido, auténtico remedio para atajar el desempleo estructural y el malestar social. Son más importantes las estrategias a medio-largo plazo para identificar nuevos yacimientos de empleo que propuestas preelectorales de aparente inmediatez. Las organizaciones sociales tienen sus responsabilidades. Parece trivial, pero hay que resaltarlo; demasiados ciudadanos sobreestiman la capacidad de los Gobiernos para solucionar todo.
¿Dónde está el empleo del futuro?
Informes solventes señalan los próximos yacimientos de empleo. Además del cambio de modelo productivo, asociado a la tecnología y los condicionantes educativos, hay oportunidades en sectores como los trabajadores "de bata", refiriéndose a la biotecnología (bata verde), sanidad (blanca) y servicios sociales (naranja), es decir, profesiones asociadas al bienestar social.
Con una próxima Agenda Social, el Gobierno quiere un giro para recuperar el descontento. A este respecto, hay que indicar que si España tuviera el mismo porcentaje de ocupados en servicios asociados al bienestar social que Suecia, modelo mixto de referencia en estas políticas, apenas existiría desempleo (según Eurostat).
Así que nos referiremos a los servicios sociales, cuya demanda excede amplísimamente a la oferta. Las proyecciones cuantitativas para España estiman en más de un millón los nuevos empleos que se generarían con un cambio de modelo. Siempre que los gobiernos apoyen el cambio estructural para aumentar la oferta. Y aquí la dicotomía público-privado no es válida. Hay excelentes profesionales (trabajadores sociales y psicólogos, fundamentalmente) tanto en el sector privado como en el público.
En primer lugar hay que acabar con la simplificación de vincular servicios sociales con gasto social a fondo perdido, justificado en términos de beneficencia. Todos, por factores demográficos, seremos dependientes o susceptibles de utilizar servicios sociales, pero también por situaciones críticas como pobreza extrema, enfermedad mental o física temprana, etc.; de ahí su progresivo carácter universal.
Pretender priorizar su "eficiencia", parte de cuyos recursos, por sus características, son cofinanciados por las administraciones, reduciendo coberturas o conciertos es, aparte de sus efectos devastadores, cortoplacista. No solo dificulta la supervivencia de entidades prestadoras y dependientes; destruye un sector estratégico por su capacidad de generar empleo y ahorros sanitarios inducidos.
En segundo lugar, es necesario un marco de relación público-privada en la provisión de servicios y acceso a ofertas públicas, así como potenciar la prestación profesionalizada como alternativa a la atención intrafamiliar o pagos directos sin control en cuanto al destino, frecuentemente a costa del empeoramiento de las condiciones vitales y autonomía de los afectados.
En tercer lugar, los servicios sociales tienen un peso del 1,5% del PIB, la mitad respecto al entorno europeo avanzado y lejos del 5% en países nórdicos (OCDE, 2014). Muestran una capacidad de creación de empleo directo de entre 26 y 42 empleos netos por cada millón de euros invertido, así como altos retornos a medio-largo plazo por su contribución a la mejora del capital humano.
Es prioritario cambiar de estrategia en los servicios sociales, desde la minimización del gasto hacia la maximización del beneficio y su consideración como motor de desarrollo económico y generación de empleo de alto valor añadido en términos de capital social.
Juan Rubio Martín, profesor y doctor en Economía por la Universidad Complutense.
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