Desde los años 70, coincidiendo con el cuestionamiento del Estado de Bienestar, se empezó a introducir el análisis económico en el estudio de los servicios sociales.
Martin Knapp (The Economics of Social Care, 1983), lo justificaba porque la necesidad rebasó la provisión disponible y exigió unas decisiones dolorosas y discutibles respecto a la distribución de recursos y servicios.
No se llegó a crear un círculo virtuoso de investigación, que convirtiera a la economía en parte de la solución a los problemas del mantenimiento del Estado del Bienestar, pero algunas técnicas microeconómicas explicadas fueron precursoras del protagonismo que hoy tienen las herramientas de evaluación para la administración de los servicios sociales.
En el pasado reciente, en España, este sector ha tenido un desarrollo tan rápido como desordenado, sin apenas contemplarse sus implicaciones económicas. En plena expansión, con el optimismo que permitía un escaso endeudamiento, se aprobó la Ley 39/2006 (conocida como "Ley de Dependencia").
La politización de decisiones económicas
En realidad se produjo una politización de las decisiones económicas, lo cual era asumido por unos y criticado por otros, a quienes los primeros consideraban defensores de modelos "economicistas" del bienestar.
Además, las competencias eran confusas entre las distintas administraciones, y la selección de destinatarios de ayudas muy deficiente. La posterior caída de la economía redujo la capacidad recaudatoria y aumentó el gasto en prestaciones por desempleo, en perjuicio de lo destinado a servicios sociales.
Quizás por ello, vuelve a adquirir relevancia el análisis económico. Este sector, encuadrado en los epígrafes 87 y 88 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, emplea miles de profesionales cada vez más formados y está siendo seriamente afectado por las políticas de austeridad, produciéndose cierres de pequeñas y medianas empresas que llevan tiempo prestando servicios, donde, además, las economías de escala son casi inexistentes.
"Todos seremos dependientes"
Hay quienes lo identifican con "gasto social", como si fuera a fondo perdido. Quienes sostienen esta postura deberían conocer que su ámbito es la parte más vulnerable de la población, los llamados "dependientes", que comprenden un amplio grupo de colectivos.
Todos seremos dependientes; de ahí la justificación del progresivo carácter universal de estos servicios, junto con sanidad, educación y seguridad social. Por ello, los recursos asignados, más que gasto a fondo perdido, son una inversión necesaria, no solo económica, sino también en bienestar.
Un rasgo contradictorio del sector es que en las crisis aumenta la demanda y disminuye la oferta. Al reducirse la financiación pública, ya sea bajando precios de conciertos, suprimiendo coberturas o retrasando pagos, se complica la supervivencia de las empresas que ofrecen servicios sociales y, por tanto, la vida de los dependientes, ya afectados por la crisis. Lejos de una visión cortoplacista, estamos ante un sector con perspectivas de crecimiento, debido tanto a su carácter universal como a la ampliación de sus ámbitos.
Las reformas no deberían centrarse en la reducción rápida del gasto, con cierres de empresas y destrucción de empleos, sino vislumbrando el largo plazo, en un sector considerado como uno de los nuevos yacimientos de empleo, más aún cuando su peso, un 1,5 por cien del PIB, es del orden de la mitad respecto al entorno de países avanzados europeos. Eso sí, es necesario incorporar las técnicas de evaluación económica como los análisis coste-efectividad y coste-utilidad, elementos clave para el sostenimiento de estos servicios.
No caigamos en otro error de graves consecuencias, como la llamada "reconversión" industrial que dejó a España casi sin industria y a merced de la evolución de nuestros vecinos. En este sentido, y dado que hay un exceso de necesidades sobre recursos, el análisis económico debe contribuir positivamente al desarrollo de un sector profesionalizado.
Sanidad para ricos ¿con mínimo gasto?
