Firmas

Ninguna reforma en 2015 aunque sea necesaria: es año electoral

  • Hacienda dará un trato de favor a las CCAA que peor se han comportado
  • Este Gobierno tampoco ha hecho grandes cosas por el bien de los ciudadanos

Dado su carácter electoral, no parece 2015 propicio para que se acometan reformas muy necesarias pero que se considere puedan alterar o despistar al electorado potencial, como profundizar en la del mercado laboral; minimizar tamaño e intromisión de las Administraciones Públicas en nuestras vidas y propiedades, incluido capital humano; reducir impuestos en número y cuantía otorgándoles más transparencia, simplicidad, justicia (ni duplicidades, ni discriminaciones) y eficiencia; energía; telecomunicaciones; abastecimiento y gestión del agua; liberalización de mercados y de la distribución comercial; simplificación administrativa (incluido el propio Estado), etc.

Salvo pequeñas medidas, que se venderán con toda la parafernalia de la que es capaz el PP (en esto la izquierda, menos timorata por su asumida superioridad moral inexistente, es maestra), apenas veremos grandes cambios y todo consistirá en colocar el caballo adecuadamente para una salida impecable. Luego, ya se verá.

Así pues, las medidas de 2015 ya se han tomado o aprobado sustancialmente en 2014. Y justo la que nos venderá con fruición el Gobierno, impuestos y financiación, incluye de rondón varias decisiones dañinas tanto si se mantienen en esa dirección como por las señales que envían. Pero cabe recordar que, a peor, la izquierda no pierde ocasión de decir que acrecentará gastos, impuestos o deuda y que tumbará las cortas medidas de este Gobierno que han ido en la dirección correcta.

Destaco dos relacionados con el lado más débil de los planes o reformas del Gobierno desde su llegada: cambios tributarios que castigan el tratamiento de rentas procedentes del capital, ganancias del ahorro (incluidos planes de pensiones) o beneficios empresariales (por ejemplo, aunque en 2016 se retornarán las retenciones de autónomos al nivel de 2011, se eliminan las deducciones por rendimiento neto en IRPF y Sociedades), tratando de mostrar una falsa cara progre que nunca le será reconocida al PP; y la condonación de intereses y ulterior asunción de préstamos bancarios, en definitiva de deuda, a los gobiernos autonómicos por parte de Hacienda, que resulta un claro tratamiento de favor a los que peor se han comportado en materia de gasto, déficit y deuda.

Digo débil porque la ideología, el principio, el núcleo medular que ha guiado ambas medidas o decisiones apenas se diferencia en grado -lo que a veces puede ser bastante, pero no suficiente o fundamental- de aquellos que suelen guiar cualquier socialismo o izquierda más o menos radical.

Sin duda, este Gobierno ha cambiado el rumbo de empobrecimiento general que inició nuestra sociedad con ideas y políticas muy dañinas aplicadas por el PSOE de Rodríguez Zapatero. No sólo medidas económicas, sino acciones de Gobierno como la mal llamada memoria histórica, que contenía altas dosis de venganza histórica abandonada en la Transición; la política antiterrorista; la desvertebración de nosotros como sociedad; la política administrativa y territorial; la política contraria a ciertas instituciones "naturales, universales y fundamentales" (DUDH), como la familia; o normas y medidas diversas en favor de cierta discriminación cultural, de sexo, religión, ideología, etc., sutil en ocasiones y catalogada de "positiva" (no hay tal) por su ambición de igualar mediante la ley (la única igualdad posible es ante la ley)...

Cambio de rumbo

Cambio de rumbo, sí; pero este Gobierno tampoco ha hecho grandes cosas por mejorar el papel de los individuos o personas como centro de sus propias vidas, decisiones y obligaciones, con mayor libertad de acción sólo entendida desde la asunción de las propias responsabilidades.

Así, la dispensa, asunción o condonación (426 millones de euros a Andalucía de fondos de convergencia) de deudas a las autonomías es una exención de obligaciones a los políticos, no a los ciudadanos. Más allá de afrentas, asimetrías o discriminaciones de trato de las Administraciones Públicas para con los ciudadanos que, no se olvide, somos iguales ante la ley, consiste en premiar las pésimas y ruinosas, cuando no corruptas, gestiones o administraciones que han realizado determinados políticos, personas y partidos, eximiendo sus responsabilidades ante sus votantes directos y repartiéndolas entre todos los ciudadanos que, bajo otras administraciones locales o autonómicas, también han soportado recortes diversos o minoración y cierres de servicios públicos concretos para cumplir con los requerimientos propios y de la Unión Europea. Y luego hablarán de estar regenerando el país.

Fernando Méndez Ibisate, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

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