Rematado a principios del pasado verano el recorte de primas a las tecnologías renovables, y puestas las bases para la solución de un incipiente déficit en el sector gasista, el ímpetu reformista del Gobierno en materia energética parece haberse frenado.
Hay diversas intervenciones en prensa y comentarios del entorno del Ministerio y de los principales actores del sector, que parecen transmitir cierto ambiente de ?trabajo acabado?, a falta de detalles y cuestiones de matiz o muy técnicas, en lo referente al asunto de la Reforma.
Si bien hay que destacar y valorar los esfuerzos realizados por el equipo del ministro Soria en lo referente a atajar el déficit de tarifa eléctrico, no hay que olvidar que toda la reforma ha estado pivotada en la reducción de costes del sistema y su buen equilibrio con los ingresos, lo que contribuye poco a resolver los problemas estructurales y de diseño de los que adolece desde hace mucho tiempo nuestro país en esta materia.
El éxito de la gestión del Gobierno en todo este asunto, a poco más de un año del cierre de la legislatura, no debería medirse exclusivamente por la solución buscada para un problema muy concreto, aunque muy grave por su magnitud y tamaño, como es el del déficit. Por tanto, no debiera darse carpetazo ?sin más? a la Reforma del sector sin abordar otros temas de gran calado que, de ser tratados adecuadamente, si asegurarían el éxito de un proceso que lleva abierto ya casi tres años.
En primer lugar, es necesario apostar, de una vez por todas y sin complejos, por una liberalización real y concreta del precio del kilovatio. Real en tanto a que las tarifas a consumidores domésticos, ahora ya precios voluntarios al pequeño consumidor, se limiten a cubrir exclusivamente a los colectivos más desfavorecidos. Hay que evitar que el esquema escogido sirva de refugio a los consumidores de cara al proceso liberalizador, o que los mecanismos elegidos hagan cada vez más complejo al consumidor de ?a pie? entender qué es el precio eléctrico y cómo y cuánto paga por la energía que consume.
En segundo lugar, y en esta misma línea, es necesario que esa liberalización sea plena, entendida esa plenitud en cuanto a que el sumatorio de los EUR/kWh que pagamos todos los consumidores de luz sea claro, transparente y relacionado con términos exclusivamente energéticos ?esto es costes de producción, de transporte y distribución de la energía, más los márgenes comerciales debidos y los impuestos adecuados a esas actividades-. Los costes del sistema que soporta el usuario final del producto eléctrico siguen incluyendo conceptos que nada tienen que ver con el hecho de que este consuma más o menos energía, o tasas e impuestos de muy diverso origen y en ocasiones nada relacionados con dicho producto, y que elevan el precio final del mismo.
Adicionalmente, y en coherencia con todos lo expuesto, es fundamental tomar medidas que fomenten la eficiencia, como centro del modelo regulatorio buscado. Esto es, que se definan normas que permitan una optimización efectiva de los costes de nuestras actividades. El consumidor, que es cada vez más activo, más protagonista y en síntesis más eficiente, espera normativas y agentes del mercado igual de eficientes. A nadie se le escapa que la mayor eficiencia en términos de sostenibilidad técnica, económica y medioambiental se obtiene a través de la puesta en máximo valor de todas las inversiones actuales ya realizadas, cualquiera que sea la tecnología de generación.
Según lo anterior, en un contexto de sobrecapacidad y de enorme estancamiento en el crecimiento de la demanda, debiera ser prioritario para el regulador incentivar el rol de todas y cada una de las plantas ya existentes, frente a medidas que impliquen mucha menor eficiencia, si estas limitan de manera severa al creación de valor que puede y debe aportar el parque generador ya existente. Más en concreto, es fundamental que existan de manera clara y bien definida en el corto, medio y largo plazo mecanismos de pagos por capacidad e incentivos a la disponibilidad, en el formato que el regulador considere óptimo para el sistema, que garanticen la seguridad del suministro y el rol de los ciclos combinados como tecnología de la generación fundamental para respaldar la producción eólica o solar.
Solo atendiendo a las prioridades que he citado, se conseguirán crear las bases para hacer que nuestro modelo de sector energético sea sostenible, desde un punto de vista de país. Una normativa regulatoria coherente, efectiva y sensata, que tenga en cuenta a todos los agentes del sector y que ponga al cliente en el centro del negocio (en términos de variedad e innovación de productos y servicios, claridad y sencillez en el acceso a la información y competitividad en precios y en medios de producción) es esencial para poder medir con perspectiva global el éxito del periodo reformista que atravesamos.
Sin duda alguna, un diálogo transparente, sincero y claro entre todas las partes afectadas de manera que se actúe con la precisión de un cirujano, atacando realmente la raíz de los problemas estructurales pendientes de solución y poniendo soluciones adecuadas al reto que afrontamos, es pieza fundamental para dicho éxito. El propio sector sabe mejor que nadie cuales son los desafíos a los que debe hacer frente y por ello no se le puede obviar en cualquier debate reformista. Tiempo hay por delante en lo que queda de legislatura para ocuparse de ello.
Loreto Ordóñez, consejera delegada de GDF Suez Energía España
Recibe gratis la revista elEconomista Energía. Suscríbete ahora