El proyecto deja muy poco margen para trasladar la recuperación a familias y pymes.
Un baño de realismo tras una sobredosis de euforia. Así podríamos resumir el giro que el Gobierno ha dado a sus expectativas en el avance de la ley presupuestaria para el año próximo.
Un proyecto el aprobado ayer en el Consejo de Ministros en el que el cuadro macroeconómico dibuja un escenario continuista y con muy poco margen para confiar en que la recuperación que se promete vaya a llegar, por fin, a la economía real, es decir a las empresas y familias que ante el retroceso previsto en el consumo público, que caerá un 1 por ciento, son los únicos agentes que pueden impulsar el crecimiento mediante el consumo.
Pero, a tenor de lo que nos cantan los números, el panorama que parece divisarse viene cargado de nubes de sacrificio y de reformas, que pueden tornarse en una vuelta a la tormenta de la recesión si las economías de la zona euro, destino del 50 por ciento de nuestras exportaciones, no se apuntan a las recetas de Supermario Draghi, y siguen sometidas al austericidio merkeliano, cuyos resultados ya los estamos comprobando, incluso en Alemania.
Porque la economía española no es una isla, como recordaba recientemente Luis de Guindos, y si nuestros socios no tiran nosotros no avanzamos, lo que debería obligar a instrumentar una política económica expansiva que compense la ralentización prevista en el comercio exterior con una mayor demanda interna. Es decir, inyectando incentivos al sistema en forma de nuevas fórmulas de financiación y acceso al crédito para los autónomos y pymes, y de mayor poder adquisitivo a los trabajadores que emitan recuperar el consumo familiar.
Pero nada de esto se atisba en los Presupuestos del Gobierno, que fían ese crecimiento del 2,1 por ciento previsto para el consumo privado para 2015 -sólo una décima más que en este año- al impacto de esa anunciada rebaja de los impuestos que nos trae la reforma fiscal de Montoro.
Y no hay nada más, porque el tándem económico del Gabinete de Rajoy ya nos ha confirmado la congelación del sueldo de los funcionarios y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el ministro de Hacienda propone se extienda también a las empresas del sector privado, además de la mínima subida del 0,25 por ciento en las pensiones y un recorte de 4.1000 millones de euros en el gasto en las prestaciones de desempleo.
Reducción esta última que justifican en el descenso del número de parados, que algo de eso sí hay y justo es reconocerlo, pero detrás de la que también se esconde la realidad de la minoración del período de las prestaciones que aprobó el Ejecutivo y de un menor importe de los subsidios que perciben los parados, a consecuencia de que los trabajadores que ahora empiezan a engrosar a las listas del desempleo lo hacen con sueldos más bajos y menos tiempo cotizado.
Si a esto le añadimos la escasa cuantía de los recursos destinados a la inversión, mientras el gasto improductivo sigue representando casi la mitad del total de los gastos no financieros del Estado, pues muchos nos tememos que con estos mimbres parece muy difícil colegir que estos sean los Presupuestos para poder consolidar el crecimiento y el empleo, aunque sea en unos objetivos tan "prudentes" como los marcados.
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