Un ordenamiento legislativo claro, simple y eficiente es una condición imprescindible para mejorar el entorno en el que operan las empresas, especialmente, cuando ese entorno es cada vez más competitivo y evoluciona casi a diario.
Una pieza clave en el entramado legislativo europeo se encuentra en el Mercado Único. Desde su creación, a principios de la década de los 90, supuso un gran hito en el proceso de construcción europea, ya que abrió nuevas oportunidades para que las empresas, actualmente, puedan competir libremente en un mercado con 500 millones de consumidores y un conjunto común de normas donde desaparezcan las trabas y se equiparen las reglas del juego. Es un elemento fundamental para que Europa sea más atractiva para los inversores y las empresas de todo el mundo.
El funcionamiento del Mercado Único se basa en la interacción entre la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, a través de la transposición de la normativa europea. Sin embargo, ésta no siempre se realiza correctamente, ni en tiempo ni en forma.
Por ello, en el plano de la UE es indispensable completar el Mercado Único europeo a través de instrumentos legislativos y ejecutivos, más ágiles y vinculantes. En el plano nacional, no parece lógico que un área geográfica, como puede ser un Estado miembro, que ya está integrado comercial y monetariamente en otra entidad mayor, como es la UE, tome decisiones legislativas que pueden desembocar en una fragmentación del mercado nacional, lo cual sólo puede dar lugar a desventajas competitivas.
El acervo comunitario comprende alrededor de 2.500 instrumentos jurídicos, relacionados con varios aspectos del Mercado Único europeo, aunque no olvidemos que esta carga legislativa se ha generado en más de 20 años. Por el contrario, en España y sin contar a la Administración local, se generan más de 13.000 normas al año.
Los riesgos de la dispersión legislativa
Esta sobrerregulación conduce a irremediables duplicidades y a la perniciosa dispersión legislativa, traduciéndose en un claro lastre para la actividad empresarial y la competitividad de la economía. En 2006, la Comisión Europea estimaba el coste de las cargas administrativas a nivel de la UE en un 3,5% del PIB, elevándose hasta un 4,6% del PIB en España.
Buena parte de dicha dispersión nace de la legislación promulgada por las distintas autoridades competentes y recogidas en los boletines oficiales. Así, en 2013, se editaron 173.338 páginas en el Boletín Oficial del Estado, a las que habría que sumar las 800.085 páginas de los boletines oficiales de las respectivas comunidades autónomas. Recordemos que entre las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea acerca del Programa Nacional de Reformas de España para el año 2012, si indicaba que había que "tomar medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, incluidas las profesiones altamente reguladas, reducir los plazos de obtención de licencias de actividad y eliminar los obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normativas múltiples y superpuestas adoptadas por los distintos niveles de la Administración Pública".
Por tanto, el Consejo de la Unión Europea está recomendando algo que CEOE pide desde hace tiempo: legislar menos y legislar mejor.
En definitiva, todas las instituciones, con independencia de su nivel competencial, deben asumir con responsabilidad, rigor y eficacia su labor legislativa para poder impulsar la competitividad de la economía, favorecer el crecimiento empresarial y, por ende, la creación de empleo.
José María Lacasa Aso, secretario general de la CEOE.
Críticas al laberinto de leyes del país
