Para buscar una mayor equidad debe reducirse el fraude de las fuentes de renta.
Treinta y seis años desde mi primer mundial de 1978. Mientras Kempes enloquecía a un país, en España se afrontaba la primera reforma tributaria seria de la democracia. El nuevo IRPF buscaba la contribución de todas las rentas, y no sólo las del trabajo. Pues bien, 9 mundiales después, ha sido más fácil que España ganase la Copa del Mundo que lograr dicho objetivo. Las sucesivas reformas han agravado la situación, configurando a este tipo de rentas como las principales contribuyentes al sistema. Los tipos progresivos y su elevado control lo facilitan.
Las rentas de capital, por contra, han sido favorecidas para fomentar el ahorro y la inversión. Sin embargo, la mayoría se han reconducido a figuras jurídicas con menor control y más favorable tributación (su paradigma, las sicavs), cuando no emigrado a tierras paradisíacas.
En cuanto a las rentas empresariales, el obsoleto régimen de módulos está -por fin- en vías de extinción. Pero estas rentas se han desplazado al Impuesto de Sociedades, menos controlado y con más probabilidades de evasión. Las rentas profesionales siguen teniendo una aportación al IRPF mucho menor que su capacidad real.
La imposición societaria se presta más -por el menor control- al fraude. Ello, por no hablar de la elusión fiscal multimillonaria de las empresas de carácter multinacional. Por suerte o desgracia, España no abunda en grandes corporaciones, por lo que el problema es menor que en otros Estados de la OCDE. Por eso, esta organización está pilotando los estudios para limitar estas conductas.
Por lo que atañe al IVA, este impuesto acumula el mayor volumen de fraude en toda la UE, en gran medida por las tramas que se aprovechan de la persistencia del régimen de tributación en destino, provisional en principio, pero que subsiste por las diferencias de tipos entre Estados Miembros. Eso sí, la crisis los ha aproximado y hoy estamos más cerca de la tributación en origen. Magro consuelo. Sin embargo, no debemos despreciar las pérdidas recaudatorias, por evasión o por impago, en este impuesto, ligadas especialmente a las pymes. Sólo el consumidor final es fiel pagador de este impuesto, una carga más a las espaldas de asalariados y de pequeños autónomos.
Para buscar una mayor equidad se necesitan implantar muchas medidas. Algunas, a través de la reforma de las figuras tributarias, su simplificación y la rebaja de tipos. Un impuesto complejo añade costes al ciudadano y a la Administración, y sólo beneficia a aquellos que buscan el fraude o puede permitirse economías de opción.
Pero es necesario ir más allá. Para alcanzar una mayor equidad se necesita reducir el fraude existente en las distintas fuentes de renta. Se puede combatir desde distintos frentes, que los abordamos en nuestro informe sobre "Reforma Fiscal Española y Agujeros Negros del Fraude".
Por razones obvias de espacio, únicamente señalo los seis caminos paralelos que debemos seguir en esta materia: la concienciación social sobre los efectos del fraude; la ayuda al cumplimiento de las obligaciones fiscales; la limitación de la economía sumergida; los cambios normativos que limiten la elusión y la evasión fiscal; los cambios procedimentales para dotar de más eficacia la lucha contra el fraude y una reforma profunda de la Administración tributaria.
Nuestro informe consta de 238 medidas, susceptibles de ser ampliadas, y que abarcan todas esas cuestiones. Sobre su contenido, su bondad e idoneidad no me voy a manifestar. Espero y deseo que lo hagan ustedes, los ciudadanos, cuyo indirecto apoyo buscamos y cuya crítica escucharemos con atención.
Sólo así, entre todos, avanzaremos para combatir la lacra del fraude y conseguir un sistema tributario más justo y de mayor equidad para todos. De momento, me sentaré a ver mi décimo mundial, con la satisfacción de haber aportado mi grano de arena para conseguirlo.
Más en Opinión
