Hace dos años, las expectativas del país eran sombrías. Las familias, las empresas y las administraciones públicas estaban fuertemente endeudadas, las entidades financieras habían de atender una oleada de impagados, el número de personas en paro crecía, muchos inmigrantes volvieron a sus países de origen que, también, recibían a españoles en busca de mejores horizontes.
Otros países, como Grecia, Chipre, Irlanda y Portugal, también estaban en una situación como la de España y tenían problemas similares, especialmente para hacer frente a la carga de su deuda, el aumento del paro y la recomposición de su economía. Todos han hecho esfuerzos encomiables pero los resultados y el ritmo de aprendizaje han sido diferentes. Irlanda y España son más adelantados, pero aún deben trabajar mucho antes de recuperar el pleno empleo y pagar sus deudas.
El conjunto de la economía mundial está mejorando, especialmente en los países más desarrollados para los que se calcula que aumentará en un 3,6% el crecimiento del conjunto mundial en este año y cerca del 4% en 2015. Esta expectativa es buena para España por cuanto puede facilitar las ventas en el extranjero si se mantienen los costes internos, lo que impulsaría el empleo y la demanda interior.
El aumento de las entradas de turistas y el empleo son indicios alentadores que deberían instar a esfuerzos adicionales para fortalecer la recuperación y la consolidación de lo hecho que es importante, pero también es mucho lo que queda por hacer, especialmente en el aumento de empleo y la reducción de deuda.
En el ámbito del empleo se han dado pasos importantes, que van desde facilitar la contratación de jóvenes, a la posibilidad de que continúen trabajando personas que llegan a la edad del retiro y desean continuar en su puesto. Esa posibilidad permite continuar de modo que la empresa pague algo menos, que el trabajador gane algo más, sin perder sus derechos cuando éste desee retirarse y que la Administración no tenga que pagar hasta que efectivamente se opte por el retiro. Esto beneficia a las tres partes y facilita que aumente las nuevas contrataciones de empleados.
El Gobierno español, como el de Alemania, el de Italia y otros, está mejorando los ayuntamientos y facilita las uniones de los que desean juntarse. Las razones que hace cien años instaban a crear nuevos ayuntamientos, en muchos casos, ya no son relevantes y, en cambio, hay buenos motivos para fusionarlos y mejorar la cantidad y calidad de sus aportaciones al tiempo que se reducen los gastos.
También sería conveniente que se evaluase la pertinencia de mantener las empresas con participación de entidades públicas. Hacerlo permite que haya más atención a las actividades específicas de cada entidad, lo que evidencia que cada entidad se centra en lo que le es propio y la necesidad de financiación baja, permitiendo así que haya más recursos para las empresas y el empleo, al tiempo que se reduce el volumen de la deuda y se abarata el coste de cada euro recibido.
El volumen de la deuda del país incluye el del sector público, el de la banca, el de las empresas, el de las familias y otros. Esa deuda supera varias veces el PIB del país y, además del capital recibido, ha de pagarse la carga del rédito, que puede reducirse si se evidencia que hay comportamiento serio y centrado en la devolución. La rentabilidad de la deuda española a diez años estaba en el 3,17%, igual que Italia, y está por debajo de hace un año pero por encima del 1,53% que paga Alemania. La evidencia de la mejora de la gestión de las administraciones, junto la capacidad de aumentar las exportaciones, ha mejorado la valoración de la capacidad del país para hacer frente a sus obligaciones.
El aumento en la producción y en el empleo, que aún tienen mucho por aportar, permitirá continuar en el abaratamiento y la reducción del principal del débito, siempre que no se entre en dispendios impropios como los que llevaron a la deuda que ahora nos lastra. La seguridad de continuar en la buena senda requiere que todas las instancias públicas trabajen con los mismos criterios. Esto es, reducir costes, mejorar las aportaciones y prescindir de lo superfluo. Los ediles desean medios para mejorar las prestaciones y contratar personas que trabajen y, a veces, contratan para reducir el paro. Son pautas comprensibles pero que perjudican, aunque a veces, lo hacen simplemente para reducir el paro o mantener las empresas que han creado solas o con otras entidades para no llegar al volumen que las señale como titulares. La banca obtiene más réditos de las entidades públicas y sus empresas que financiando a las empresas privadas, porque a éstas se les exige que asignen unas provisiones que no se obligan a las de titularidad pública.
El BOE sigue, en menor cuantía que hace unos años, asignando dinero para el cine o actividades que, en conjunto poco aportan, excepto para los receptores, mientras reduce el poder de compra al resto del país con cargas fiscales, atrasa la reducción del coste del crédito y se mantienen y se crean nuevas tasas que no aportan nada útil. El coste de estas prácticas es un freno para la recuperación porque encarece la producción, reduce la capacidad de venta y contratación laboral y lo mismo ocurre con las CCAA que crean emisoras de radio y televisión, aumentan el gasto en obras y nuevos entes públicos innecesarios cuando precisamente se necesita lo contrario.
Por otro lado, las ayudas monetarias de toda especie deberían revisarse por expertos externos cada cuatro o cinco años, de modo que se pueda optar por mantener, aumentar o eliminar las ayudas, según los resultados.
Joaquín Trigo Portela, Director General del IEE.
