El sector asegurador anda expectante ante el tramo final del proyecto de reforma del Baremo de Autos y las consecuencias que pueda tener para las entidades.
Debemos el vocablo baremo a François-Bertrand Barrême, un matemático francés de finales del XVII que trabajaba en el Tribunal de Cuentas y escribió varios tratados de contabilidad. Uno de ellos, Le Livre nécessaire pour les comptables, avocats, notaires, procureurs, négociants, et généralement à toute sorte de conditions contenía numerosas tablas que ahorraban cálculos monetarios engorrosos. Entendemos por baremo el "sistema establecido para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación".
El Consejo Europeo establece como base fundamental para la valoración el Principio de Reparación Integral (PRI), según el cual la persona que es objeto de un perjuicio debe ser devuelta a una situación lo más cercana posible a aquella en la que presumiblemente se hallaría si el daño no se hubiese producido. En la práctica no es nada evidente cómo valorar y clasificar el amplísimo espectro de lesiones y circunstancias posibles.
El Baremo actual data de 1995 y nació para obtener patrones comunes de valoración. Desde la década de los 80, las aseguradoras observaron una tendencia por parte de los jueces a incrementar sistemáticamente las indemnizaciones por daños personales. Esto junto con la desigualdad de criterio no favorece la resolución de los conflictos por acuerdo amistoso.
La dificultad del juez de contestar a preguntas como ¿cuánto vale la pérdida de un ojo? o si vale lo mismo el brazo derecho que el izquierdo... ¿y en el caso de un zurdo? Es evidente. Se trataba de cuestiones complejas que era importante legislar de modo que se asegurase la existencia de consenso y homogeneidad a lo largo de todo el territorio, pues algo tan evidente como que romperse una pierna debería indemnizarse del mismo modo en Lugo que en Badajoz no lo era en absoluto. Sin entrar en detalles técnicos, diremos que el sistema vigente parte de un baremo de indemnizaciones básicas por muerte en accidente basado en tramos de edad y situación familiar. En función de variables como los ingresos económicos o la tipología de lesiones, se aplican factores de corrección para obtener la indemnización en el caso de secuelas permanentes e incapacidades temporales.
Si bien cada año se actualizan los valores conforme a la evolución del IPC, el sistema es claramente deficitario en aspectos como la valoración del daño patrimonial, donde no se mencionan conceptos como los gastos médicos futuros, por poner un ejemplo.
Por todo ello, a finales de 2010, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones encargó la constitución de una Comisión de Expertos, con representación de las Asociaciones de Víctimas y de UNESPA, la patronal del seguro, para estudiar la reforma legal del sistema vigente, que entrará en vigor este año. Muchos han sido los temas sujetos a debate en el seno de la comisión. Las asociaciones de víctimas propusieron la inclusión de más de 30 modificaciones al sistema actual, como la consideración de incluir a las familias como "víctimas secundarias" para que puedan recibir indemnizaciones y tratamientos, los condicionantes relativos al momento en que se considera estabilizada una lesión, la regulación en aquellos supuestos donde se produce la agravación de secuelas o existan secuelas sobrevenidas, o la conveniencia de establecer pensiones vitalicias como complemento de la indemnización inicial, un aspecto de difícil cuantificación y un quebradero de cabeza para las entidades aseguradoras.
Además, el modelo debería integrar la jurisprudencia que se ha ido generando a lo largo de los últimos años con el objetivo de dotar de más recursos tanto a lesiones leves actualmente infraestimadas, como a secuelas graves que necesitan mayor indemnización para atender la vida diaria del accidentado tras el siniestro.
El trabajo de la Comisión de Expertos está casi finalizado y en esencia propone, para cada grado de afectación (muerte, lesiones permanentes y lesiones temporales) la valoración y tabulación de tres aspectos fundamentales: los perjuicios personales ordinarios, los perjuicios personales particulares y los perjuicios patrimoniales (el daño emergente y el lucro cesante). Precisamente una de las mayores modificaciones atañe al aspecto del lucro cesante, donde se sustituye el sistema actual (un factor de corrección económico basado en los ingresos de la víctima) por un nuevo marco que tiene en cuenta aspectos como la edad, la tasa de descuento, la percepción o no de pensiones públicas o la previsible duración del perjuicio. También se indemniza de manera sustancial la pérdida de la capacidad de trabajo de aquellas personas sin ingresos, que en el sistema actual estaba muy infravalorada.
Asimismo se ha tratado de mejorar la regulación del "latigazo cervical", un aspecto muy controvertido ante la necesidad de indemnizar unas lesiones reales pero difícilmente demostrables y muy sujetas a abusos y picaresca. Si bien existe un cierto consenso en aumentar las indemnizaciones para las lesiones graves y equipararlas a las del entorno europeo, es obvio que una mejora en este sentido representará un impacto económico y de gestión para las aseguradoras, pero que a la postre será trasladado al tomador del seguro mediante un incremento en las primas ya que al fin y al cabo el sistema no deja de ser un mecanismo de solidaridad entre conductores.
La crisis económica y el descenso de la siniestralidad han propiciado la proliferación de comparadores de seguros de automóviles y una guerra de precios sin precedentes en el sector, si bien todo parece indicar que la guerra ha terminado o al menos su intensidad se ha moderado. Es momento de aparcar diferencias y sumar esfuerzos entre todas las partes implicadas para lograr un sistema técnicamente sólido, socialmente justo y económicamente factible. Son los lesionados graves los que deberían salir ganando con la nueva reforma y debe encontrarse el modo de hacerlo sin que ello suponga un gran esfuerzo adicional para los ya castigados consumidores.
Ricard Tena García, manager del Área de Riesgos de Cumbria FSC.
