Salvo en economías altamente planificadas, y ya sabemos cómo funciona eso y qué significa para la libertad, los gobiernos no crean ni dan empleo sino que proporcionan marcos legales para que las personas, normalmente mediante empresas, lo hagan. La eficiencia de ese proceso depende de las normas e instituciones, su calidad, seguridad o cumplimiento y su estabilidad. Y no han de ser arbitrarias. No obstante, no es trivial ni inocuo que una economía llegue a "precisar" o disponer de tres millones o más (la última EPA eran casi 2,8 millones) de empleados públicos, cifra que oscila entre un 15% y un 19% de la población ocupada.
Se trata, no se olvide, de empleados en asuntos político-administrativos o que debieran ser tales, como el ordenamiento de leyes y su cumplimiento, asuntos jurídicos y de justicia, policía, defensa, administración tributaria, relaciones exteriores y diplomacia, etc, y que cuando se dedican a -o se trata de- producir otras cosas, desde quesos, ocio o viajes, hasta seguros, sanidad o educación, éstos se convierten en asuntos políticos, administrativos o burocráticos, como sus empleados.
Pese a todo, políticos y ciudadanos insisten en señalar a los gobernantes como agentes directos de creación de empleo, especialmente cuando se empeñan en tomar medidas que intervienen el mercado laboral y lo hacen de forma selectiva, parcial o que afectan a determinados grupos. Las autoridades están para marcar unas reglas o normas de obligada observancia para todos y vigilar por su cumplimiento sin que ello signifique judicializar los contratos laborales como de hecho ahora ocurre.
La multitud de tipos de contrato formales, con salvedades, peculiaridades o excepciones en nuestro mercado laboral es tal y la legislación al efecto tan prolija y compleja, que lo extraño es que en tal caos reine algo de cordura o racionalidad. De ahí que toda la legislación creada ad hoc sobre ERE, indemnizaciones, rescisión de contratos laborales, temporalidad o parcialidad, salarios o convenios, entre otros, actúe con tantas fricciones o distorsiones y que nuestro desempleo fluctúe tanto y de forma tan perniciosa con el ciclo.
Las familias soportan todo el peso
Apenas hemos bajado del millón ochocientos mil parados en los últimos años desde 2004 y, sin embargo, en ocasiones, tanto la oferta como la demanda laborales se muestran muy selectivas para aceptar o casar empleos y remuneraciones, al mismo tiempo que con 6,2 millones de parados -y a pesar de imágenes recientes- la sociedad española no ha dado muestras, por fortuna, de romperse, lo que sin duda se debe a la red de protección diversa que trasciende con mucho la procurada por las Administraciones y que, como ya sucediera antaño, empieza por la familia.
Tales distorsiones en el ajuste entre ofertas y demandas, también manifestadas en la información generada por y en el mercado laboral y cómo circula ésta, o incluso en la forma en que usualmente opera el empleo en España (contactos, conocidos, familiares, etc.), muestran simplemente la enorme ineficiencia de nuestro marco normativo, institucional y jurídico en el funcionamiento de dicho mercado.
La respuesta a este enorme atolladero de mucho paro de larga duración y con asimetrías o características específicas, no es la llamada a la moderación salarial general e indiscriminada, ni siquiera con el argumento de que dicha moderación lo es de costes, por lo tanto de precios, lo que permitiría impulsar ventas y la demanda. Los precios moderados y bien ajustados son siempre convenientes para todos y cada cual sabrá cómo debe conducirse en tal sentido. Pero los precios bajos, en el sentido de nivel general de precios y de forma dinámica, no lo son por los costes sino por cómo se comporte la liquidez.
A efectos de precios relativos bajos, que es a lo que afectan los costes (también los salarios), las empresas deberán ajustar sus costes a las diversas productividades particulares de cada una, incluidas organización, información, transacciones, etc., también distintas. Si atendemos a cifras globales, la productividad de la economía española es sistemáticamente baja y su mejora lleva tiempo porque hablamos de capitalizar la economía en su más amplio sentido: más y mejor capital físico, financiero, humano, formación, especialización, experiencia (sobre todo laboral); tecnologías, información, métodos, organización, conocimientos, sistemas de comunicación y cooperación más eficientes o agilidad de adaptación, etc.
Esto ni se hace de la noche al día, ni tampoco con nuestro actual sistema de valores, proyectado en nuestro sistema educativo general (también familias), donde se minusvaloran, cuando no se penalizan, el esfuerzo, la responsabilidad, la propiedad (de la que la vida es la primera y principal), la honestidad e integridad, la verdad, y otras así.
Fernando Méndez Ibisate, de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Quién paga los errores regulatorios del Gobierno?
