Al inicio de esta semana vacacional se hacían públicos los datos de la deuda española. Cifras muy claras, sin interpretaciones sui generis. En febrero el volumen es el 96,5% del PIB, volumen escalofriante de 987.945 millones de euros. Se puede decir sin ambigüedades que la deuda y el desempleo son los grandes problemas que nos deja esta crisis y a los que en el futuro deberemos hacer frente.
Para los más profanos el equiparar el problema del paro al de la deuda les parecerá exagerado. Pero no es así. La deuda hay que pagarla conjuntamente con sus intereses y eso trae una serie de consecuencias graves de las que la principal es la hipoteca del Estado y una ralentización del crecimiento, una herencia pesada para el futuro.
Desde el año 2013 y gracias a la revisión que hicieron Herndon, Ash y Pollin de los estudios de los economistas Reinhart y Rogoff de 2010, podemos decir que una ratio por encima del 90% a un país le resta crecimiento, un freno que aumenta según crece el cociente deuda pública sobre PIB. Si quieren lo hacemos más fácil. Imagínense una familia en crisis que cada vez gasta más y cuyos ingresos crecen por debajo de sus gastos; eso es lo que está ocurriendo en las cuentas públicas. Pero dejando polémicas académico-económicas al margen, lo que sí es claro es que disminuyen claramente las prestaciones sociales, especialmente en un contexto de austeridad presupuestaria, relajada sobre los planteamientos previos. Así este año vemos recortes en infraestructuras, justicia, defensa y seguridad, principalmente. Es algo que no debería extrañar pues recordemos que un 55% del presupuesto viene comprometido solo entre pensiones, 127.483 millones; intereses de la deuda, 36.590 millones y desempleo, 29.727 millones; en total y se prefieren 193.800 millones. La deuda pública es ya por tanto un problema real que está aquí, algo que ha hecho que los recursos destinados a inversión pública hayan disminuido un 17%, algo que debería preocuparnos y mucho.
Pero si la situación presente es ya como para preocuparse, a futuro puede ser peor. Hoy por hoy se demuestra que el gasto es incontrolable y muy posiblemente terminemos superando ligeramente el cien por cien. ¿De dónde sale la previsión de los datos? La razón es sencilla, al final la deuda viene alimentada por el déficit entre gastos e ingresos y eso en nuestro caso está cuantificado en el 5,8%. La ratio se atenúa por crecimiento, aunque si hablamos de fortaleza, no se percibe en el horizonte. Y si hablamos de inflación, menos, pues en el mejor de los casos prevemos un evolución de crecimiento muy baja de los precios -desinflación- y evolución de intereses, donde podemos advertir una leve mejoría. En definitiva que tenemos o tendremos, si prefieren, el cien por cien o ligeramente superior. Eso sí, previsiblemente con la revisión de los conceptos de PIB, atención a la revisión generosa del indicador económico, atenuaremos esta cifra. Claro que con esta previsible y beneficiosa revisión, sacaremos o algunos sacarán pecho orgullosamente y hablaremos de lo bien que vamos reconduciendo la situación.
Pues miren, no. Todos los políticos deben comprender algo básico: no se puede seguir aumentando el gasto público de forma incontrolada. En ningún momento estoy renunciando a eso que se llama el estado del bienestar, lo que intento plantear es que no se puede seguir sin un control eficiente del gasto público.
Sigo y seguiré reclamando que cómo es posible hacer un informe de expertos sobre ingresos, que son impuestos, pero que no se lleven a cabo o encarguen estudios o propuestas sobre gasto y su eficiencia para evitar duplicidades o gastos innecesarios, dado que, por cierto, el gasto condiciona los ingresos. Quizá sea porque es prioritario ver cómo se esquilman los bolsillos de los contribuyentes, pero es menos perentorio cómo se gasta el dinero.
En este contexto me pregunto, además, por qué siguen paradas las privatizaciones de entidades como Aena, Loterías, Adif y otras empresas públicas. Bueno, quizá como en el caso de Aena, porque de esta manera y aún cuando son rentables, los órganos de decisión tienen un aeropuerto cerquita de su casa, pese a que esta infraestructura, concretamente ésta, sea deficitaria.
Aunque claro, los políticos en Europa esto ya lo saben y vienen preparándose para la previsiblemente inevitable reestructuración de deuda. ¿Cómo? Fácil. Saben que desde 2013 si un país del área euro no puede pagar su deuda, con que una mayoría del 75% de los tenedores de los títulos estén de acuerdo ya se pueden cambiar las condiciones de pago -reestructurar deuda-. Aquí en España es ya posible para bonos y obligaciones -no letras-, emitidos a partir de enero de 2013.
¿No me creen? Pues sí, se llaman Cláusulas de Acción Colectiva, nuestro ordenamiento las contempla en la Orden ECC/1/2013, lean ustedes el anexo y comprobarán lo que les digo. Algo que se incorporó a nuestra legislación y que vino directamente ordenado desde Bruselas, fue concretamente un compromiso de los ministros de Finanzas de la zona euro. Jurídicamente, insisto, en España y en el área euro sí es posible reestructurar deuda si esta está emitida a partir de 2013, existe una mayoría amplia (75%) vinculante y son bonos y obligaciones. La deuda pública, o si prefieren sus cargas, son ya menos heredables.
Miguel A. Bernal Alonso, profesor y coordinador del dpto. de investigación del IEB.
La deuda pública sigue subiendo
