El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, acusa al Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, de mentir sobre el presunto fraude masivo con los cursos de formación de la Junta andaluza. Alonso asegura que la investigación sobre la que la Fiscalía de Málaga pidió información y abrió diligencias representa poco más de 1,5 millones. ¿Dónde está el escándalo o los miles de millones de fraude a los que hacen referencia algunos medios de comunicación? Es la ceremonia de confusión creada como consecuencia del manto de silencio que la Junta, primero bajo presidencia de Manuel Chávez y ahora de Susana Díaz, intenta echar sobre el asunto.
Evidentemente, la Fiscalía no ha encontrado miles de millones malversados. Pero el hecho de que el Gobierno de Andalucía destinara entre 2007 y 2013 la apabullante cifra de más de 3.000 millones de euros a subvencionar este tipo de formación (2.000 millones de ellos en Málaga) es la causante del estrépito. Es inconcebible que años después de destaparse el caso de los ERE todavía no exista una evaluación oficial sobre la cuantía de este presunto fraude, que algunas fuentes estiman en alrededor de 40 millones de euros. El ex director general de Trabajo del Gobierno andaluz, Francisco Guerrero, imputado por este asunto, reconoció ante el juez que él sólo gestionaba una pequeña parte de este tipo de ayudas.
La Unión Europea reacciona con rapidez cada vez que se conoce un presunto fraude y pide información al respecto con la sana intención de cortar la fuente de financiación. Es sorprendente que desde el Gobierno central, encargado de la distribución del dinero procedente de las cotizaciones sociales, no se haya cerrado aún el grifo a la Junta o se hayan pedido públicamente explicaciones. La sensación de conchabeo entre las diferentes administraciones es apestosa.
Hace unos meses saltó un escándalo parecido con los cursos de formación de varias patronales madrileñas, que eran gestionados por el empresario José Luis Aneri. Tampoco se conoce el montante del fraude. Un director general de la Comunidad de Madrid acusó a la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, de poner trabas a la investigación. La patronal madrileña constató que recibe anualmente decenas de millones, que sólo tiene que justificar mediante el envío de un listado de asistentes, cuya veracidad nadie se encargó de comprobar. Como en Andalucía, donde el 75% de las ayudas se entregaba, además, por adelantado.
La denominada Fundación Tripartita, integrada por Gobierno, patronal y sindicatos, gestiona miles de millones anualmente sin la supervisión suficiente. Con ese dinero procedente de las cotizaciones sociales de todos los trabajadores, los agentes sociales han vivido opíparamente en los últimos años.
Hacienda exige a los ciudadanos que justifiquen hasta el último céntimo de sus ingresos y acaba de anunciar un incremento de la plantilla de inspectores, que financiará con el dinero de todos los contribuyentes. Sin embargo, los ciudadanos no sabemos en qué se gasta el Estado el esfuerzo de nuestro trabajo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se niega a reducir las cotizaciones, cuando una parte de ellas sigue destinada a partidas fuera del control del Estado. El Gobierno nos fríe a impuestos para sufragar, en ocasiones, a los agentes sociales de manera inconfesable.
Probablemente, el consejero de Educación de la Junta lleve razón. La última investigación conocida obedecerá a una filtración de la Fiscalía de Málaga para acrecentar el descrédito de la Administración andaluza en víspera de los comicios europeos. Al PP no le salen aún las cuentas. Rajoy sabe muy bien que el resultado va a depender de Cataluña y Andalucía, dos de las autonomías en las que tradicionalmente está fuera de los órganos de Gobierno.
Como en Cataluña puede acentuarse la sangría de votos para la derecha por su política de oídos sordos hacia las demandas nacionalistas, la única opción que queda es rascar apoyos en Andalucía. Ello explica la vergonzosa política llevada para la nacionalización del grupo aceitero Deoleo, que denunciamos la semana pasada en esta página, y por supuesto, también puede estar detrás de la filtración sobre los cursos fraudulentos en Andalucía.
Pero que no intente engañar a nadie, el Gobierno que preside Rajoy es el primer responsable de la falta de transparencia en este asunto y así se lo exigirán sus votantes, a los que fustiga con una carga de impuestos bíblica por las ineficiencias de las administraciones. Tampoco se entiende la persistente denuncia del Ejecutivo del fraude y del dinero negro, cuando se niega a reconocer el que tiene delante de las narices. Como suele decirse, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Amador G. Ayora, es el director de elEconomista | director@eleconomista.es | @AmadorAyora
La Junta no comprobaba si se impartían los cursos
