A mediados de marzo conocimos el tan esperado Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, en el que se incluye un análisis, tanto de los impuestos, como de las cotizaciones sociales.
En primer lugar, debemos señalar que, como ha reiterado el Gobierno, no se trata de un proyecto de reforma, sino sugerencias o propuestas a una posible modificación del sistema tributario español. Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ya se adelantó a negar que fuesen a subirse en esta legislatura los tipos del IVA.
Por otro lado, y tal y como se señala en el Informe, la reforma fiscal propuesta busca potenciar el crecimiento de la economía española, haciendo especial hincapié en la necesidad de la creación de empleo. Ahora, en nuestra opinión, echamos en falta algunas medidas concretas con las que poder materializar, no ya solo la recuperación económica, sino las bases para asentar el impulso a medio y largo plazo de la competitividad de nuestras empresas, y en última instancia, el despegue de la demanda interna.
Lo que sí parece desprenderse del Informe es la voluntad de sus miembros de trasladar la carga tributaria que actualmente soportamos por imposición directa (e.g. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades) a la indirecta (e.g. Impuesto sobre el Valor Añadido). Es decir, la comisión de expertos entiende que para incentivar la economía española no es prioritaria una reducción efectiva de tipos de gravamen, probablemente de los más elevados de nuestro entorno, sino reubicar aquélla de unos impuestos a otros.
En este sentido, alguna de las propuestas planteadas en el Informe para simplificar nuestro actual sistema tributario, e incluso para reducir la carga tributaria en la imposición directa, podrían tener el efecto contrario.
Efectivamente, piénsese, por ejemplo, en la proposición de eliminar la exención de la que actualmente disfrutan las primas satisfechas por las empresas a sus trabajadores por los seguros de enfermedad. Dicha medida, y con independencia del impacto que tendrá en la tributación del empleado (parece que seguimos poniendo la carga fiscal en este colectivo), se motiva en la falta de justificación del incentivo al tener un más que aceptable sistema público de salud (con lo que estamos totalmente de acuerdo), pero ¿qué influencia tendrá en las cuentas de la Seguridad Social si dejamos de acudir al médico privado y lo empezamos a hacer con mayor intensidad en el sistema público? A este respecto no debe olvidarse que la más que probable e inminente subida del tipo del material sanitario al 21 por ciento no solo tendrá impacto en la cuenta de resultado de las entidades aseguradoras, sino también en la de la Seguridad Social. ¿Es esto lo que queremos, seguir aumentando el gasto público?
En lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, la propuesta de la Comisión recomienda reducir paulatinamente los tipos impositivos, a la vez que ir eliminando determinadas deducciones, a fin de aproximar los tipos efectivos de gravamen a los legales y facilitar las decisiones de inversión en base a estrategias empresariales, y no tanto a motivaciones fiscales.
Si bien estamos absolutamente de acuerdo con esta filosofía, lo cierto es que en el Informe encontramos pocas medidas que pudieran derivar en dicha realidad. Así, por ejemplo, y en lo que a las entidades aseguradoras se refiere, ¿por qué no eliminar la actual limitación a la deducibilidad fiscal de la dotación de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras que existe en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y equiparar su tratamiento al previsto en la normativa de ordenación y supervisión de los seguros privados?
Pero dejando al margen los impuestos, el otro punto sobre el que incide la reforma es el de las cotizaciones sociales. Para nosotros, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más relevantes con los que tendrá que enfrentarse España, no solo ahora, sino en el medio largo plazo.
Que el sistema público de pensiones se encuentra en crisis es una realidad. Y que ésta no se va a resolver, ni tan siquiera a maquillar, porque reduzcamos las actuales contribuciones empresariales, evidentemente muy costosas para las empresas, creando un "nuevo" impuesto sobre las nóminas salariales, no se le escapa a nadie.
Ahora, el primer escoyo que debemos salvar es el de no tener miedo a un verdadero debate sobre el problema de fondo con el que nos encontramos, y que actualmente nadie quiere afrontar.
Entre las medidas que harían viable dicho modelo está la de combinar el actual sistema de reparto con un sistema de previsión basado en la capitalización, pero sobre todo, y quizás la medida más fácil y ágil de implantar a corto-medio plazo sea la de desarrollar el denominado pilar II. Es decir, aquel en el que la empresa satisface las contribuciones necesarias para complementar el sistema público de pensiones. Pero para ello no es suficiente con volver a cargar la presión fiscal sobre las empresas, sino que previamente habrá que hacer un estudio en profundidad de dónde queremos estar, en lo que a la previsión social se refiere, dentro de treinta o cuarenta años.
Ignacio Ortiz del Río, socio de Deloitte Abogados.
