La formación para el empleo, que en nuestro país ha estado tradicionalmente en manos de los agentes sociales, no ha tenido aquí mucho prestigio ni predicamento, pese a su papel trascendental a la hora de acomodar la oferta a la demanda de mano de obra cualificada. Son muy antiguas las sospechas de que la formación, a cargo de la patronal y los sindicatos, era en realidad un vehículo de financiación subrepticia de tales organizaciones, aun sin imaginar entonces que, además, había en ocasiones verdadera corrupción.
En realidad, los agentes sociales sólo llevan a cabo directamente el 5% de la formación para la que disponen de fondos y el otro 95% lo subcontratan, quedándose con un porcentaje significativo de los recursos para cubrir los llamados "gastos de intervención en el proceso". Piadoso eufemismo.
De hecho, la formación ha adquirido relevancia mediática recientemente no por su interés para combatir el desempleo insoportable que padecemos, sino porque también se ha visto involucrada en la oleada de corrupción que nos invade: en Andalucía, dos secretarios generales de la UGT regional han tenido que dimitir al descubrirse abusos y se ha cernido una oscura sospecha sobre algunas fundaciones sindicales, y esa misma sombra se ha extendido también a Madrid, donde han sido detenidos un empresario del sector y el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid.
La avaricia de los desaprensivos se ha excitado porque esta actividad mueve un cuantioso caudal: la cuota de formación profesional -el 0,7% de la base de cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social- más las subvenciones de Fondo Social Europeo y la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal representan, en total, unos 2.000 millones de euros anuales.
A principios de marzo, la ministra de Empleo ha explicado en Bruselas que el Gobierno se propone abordar la reforma de la formación como colofón de su reforma laboral, con el fin de que "las ofertas y las demandas de empleo casen entre sí de manera más rápida y eficiente". Y ello, cumpliendo los principios de "transparencia, libre concurrencia y evaluación permanente".
Con anterioridad, Báñez ya había dado a entender a los agentes sociales que a juicio del Gobierno no es razonable que éstos se encarguen tanto de la planificación, programación y diseño de los cursos, por un lado, como de impartirlos y recibir los fondos, de otro. Y ha insinuado que el Servicio Público de Empleo (SEPE) "verá reforzado su liderazgo y su capacidad de coordinación en la planificación, evaluación, seguimiento y control". Es decir, asumirá la dirección de la formación, lo que constituye una decisión polémica y controvertible.
En cualquier caso, la necesidad de la formación como una de las principales políticas activas para combatir el desempleo es absolutamente incuestionable. En primer lugar, porque una parte de los casi seis millones de parados actuales procede de la construcción, que en muchos años no tendrá una envergadura comparable a la anterior a la crisis, por lo que la mayor parte de estos desempleados tienen que ser adiestrados para otras ocupaciones. Y en segundo lugar, porque durante la euforia anterior a la crisis muchos jóvenes se pusieron a trabajar antes de completar su formación. En estas condiciones, acierta la ministra cuando mantiene que esta tarea docente es indispensable para casar la oferta con la demanda.
Conviene tener en cuenta, además, que el sistema de formación actual ha sido un absoluto fracaso: las evaluaciones de impacto realizadas por la Fundación Tripartita -formada por el SEPE, los sindicatos y las patronales- del año 2010 sacaban a la luz que nueve de cada diez trabajadores que habían asistido a cursos aseguraban que el esfuerzo no les había servido de nada. Y actualmente, los conocedores de la situación insisten en que muchos cursos siguen versando sobre actividades relacionadas con la construcción, cuando lo lógico es desviar trabajadores hacia otros sectores.
La reforma es, definitiva, urgente, pero debería llevarse a cabo con el mayor consenso posible ya que ni cuando la formación fue diseñada y controlada por el antiguo Inem -antecedente del SEPE- ni después, cuando ya prevalecía el liderazgo de los agentes sociales, se ha estado cerca de la excelencia. Habrá que pulsar todas las teclas, recabar todas las opiniones e intentar otras vías para identificar la demanda presente y futura y adaptarse a ella, así como para lograr las cotas de calidad deseables. Quizá contar con las instituciones del sistema educativo -las universidades y los centros de FP- facilitaría ese salto cualitativo que hoy es indispensable para remontar la pendiente hacia la que nos ha despeñado la crisis.
Antonio Papell, periodista.
