No se concibe una reforma tributaria global económica sin analizar y reducir gastos.
Tres de los principios fundamentales que debieran sustentar un nuevo sistema tributario en nuestra economía son: simplicidad y claridad, igualdad ante la ley y límites rigurosos, incluso constitucionales, de modo que no sean interpretables y saltables por las autoridades.
Los impuestos deben poder gestionarse, cumplimentarse y pagarse de forma muy simple. Ello implica que las figuras impositivas sean claras, sencillas, las menos posibles, se ciñan a figuras muy tradicionales (directos e indirectos) y que su creación o generación quede limitada y no prolifere por invenciones específicas de las Administraciones o cualquier ocurrencia arbitraria del poder. Pero también exige que, como norma general y con las mínimas excepciones, tal vez alguna consideración en los mínimos vitales del IRPF sobre las condiciones familiares del contribuyente, los impuestos tengan un único tramo y tipo de gravamen, deflactable, y se eliminen deducciones, reducciones, exenciones, recargos o cualquier tipo de excepcionalidad.
Lo que enlaza con el principio de igualdad ante la ley, y no mediante la ley como ahora se utiliza el sistema fiscal. Es inadmisible que se mantenga una asimetría legislativa, de obligaciones y responsabilidades, tan rotunda y desfavorable para el ciudadano frente a las Administraciones en muchos sentidos y figuras impositivas. Empezando por las penalizaciones o multas existentes o los plazos de todo tipo, y continuando con que la carga de la prueba o que todas las incomodidades y costes de transacción posibles, siempre caen del lado del contribuyente. Es inadmisible la distinción de trato y la desigualdad fiscal entre personas según los territorios, empezando por los conciertos fiscales de las comunidades forales, fruto de una sociedad estamental y feudal e impropios de un Estado de Derecho. Lo que a su vez se relaciona con dos cosas: acabar con las asimetrías de trato fiscal sobre las fuentes de generación de rentas o riqueza -fundamentalmente trabajo y capital- y establecer la configuración definitiva (con los cambios lógicos específicos del tiempo, pero a largo plazo) de un sistema tributario que contemple la financiación de todos y cada uno de los niveles organizativos y de administración del Estado. Eso implica contemplar las figuras tributarias específicas para cada nivel de la Administración Pública, los grados de participación en algunos tributos, si es que los hay, y las capacidades normativas y de sanción que se otorgan a cada una de las Administraciones.
Finalmente, pero lo primero en tiempo y forma, no puede pensarse en una reforma tributaria global de una economía sin considerar, analizar y reformar los gastos. El límite que, considero, debiera fijarse para empezar es del 30 por ciento del PIB. Puede repartirse por igual (10 por ciento) entre las tres Administraciones, por peso de cada una de ellas en el conjunto del PIB o, como considero sería lo más racional y eficiente, analizando cuáles deberían ser las competencias o intervención del Estado -lo político-, qué gastos necesita para ello (nunca sobrepasando ese 30 por ciento del PIB) y qué correspondería a cada nivel de Administración.
En definitiva, y como no contemplo cuántos votos me daría mi propuesta sino lo que creo mejor para las personas y la sociedad... libre y responsable, eliminaría muchas de las figuras impositivas existentes ahora, tales como impuestos en cascada o que gravan hechos y actividades ya gravadas, a veces incluso por diferentes vías, como Patrimonio y Transmisiones; Sucesiones y Donaciones; Actos Jurídicos Documentados (un impuesto que grava la constitución artificial de actos burocráticos); impuesto sobre las ganancias del juego (que grava una actividad generada administrativamente para recaudar); los impuestos específicos, fruto de la arbitrariedad e inspiración del poder, sobre actividades o sectores, que ya pagan IRPF, Sociedades, IVA, etc. por la generación de sus rentas, normalmente fáciles de recaudar, como son los turísticos, los ambientales, a la banca y finanzas, al comercio, etc. o impuestos finalistas y destinados a costear servicios específicos. En este último caso, siempre es mejor una tasa o precio. Mantendría un sistema fiscal basado en IRPF, Sociedades e IVA y, tal vez por motivos recaudatorios, sencillez y baratura, algunos Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco y alcoholes), junto con alguna figura local, como el IBI, con unificación y revisión periódica del catastro, de forma que su valor se aproxime lo más posible al de mercado. Sociedades e IVA tendrían un único tipo, sin excepciones, ni regímenes especiales ni deducciones, del 15 por ciento el primero y el 20 por ciento el segundo.
El IRPF mantendría un mínimo vital de unos 17.000 euros para todos, deducibles del cálculo de la base imponible, tal vez con alguna otra consideración familiar, y con uno o, como mucho, dos tramos y tipos del 25 y 35 por ciento, según proponen los profesores Sanz y Romero. Todo ello exige, claro está, un serio recorte del gasto y un cambio sustancial en la forma de gestionar y concebir las denominadas prestaciones sociales contributivas.
Más en Opinión
