Un vendaval recorre Europa asolando a su paso calles, pueblos, industrias y, en definitiva, la economía. Los vientos que antaño provenían del Continente solían traer beneficios en forma de precipitaciones moderadas, esas que calan el terreno de forma pausada y racional. Buenos vientos y buenas lluvias que España recibía con los brazos - quizá demasiado - abiertos.
Pues bien, esta ciclogénesis explosiva, no es sólo metereológica, es, fundamentalmente, institucional. Siempre ignoramos las repercusiones económicas que tienen las decisiones políticas y lo que es más alarmante, la mayor parte de las veces estas decisiones se toman más allá de nuestras fronteras sin nuestro conocimiento. Se adoptan en escenarios que ignoran la realidad, la vida diaria de los territorios donde son aplicadas y por lo tanto, los efectos devastadores que una mala decisión puede producir.
Tal y como muestra el informe Hiperregulación en la Unión Europea, presentado por el think tank Foro Europa Ciudadana, que tengo el honor de presidir, las instituciones europeas produjeron casi 40.000 normas jurídicas en el periodo comprendido entre enero de 2000 y marzo de 2013. De esta cifra, 2.098 fueron Directivas, que a su vez pueden generar unos 400 actos internos de transposición para su efectiva aplicación en el territorio nacional. Como bien se destacaba en este informe, la aplicación descentralizada del Derecho Europeo únicamente sirve para acrecentar la situación de hiperregulación, máxime cuando 22 o 23 de los 28 Estados miembros incurren en infracciones relativas a una determinada regulación comunitaria. En este contexto, quizá sea adecuado replantear el objeto y el fin de una norma que presenta tal grado de detractores.
Dentro de esta tendencia de hiperregulación, la UE ha presentado recientemente un nuevo documento titulado ?Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020 - 2030?. En él se puede observar un auténtico cambio de postura en materia de apoyo a las renovables. La Comisión ha renunciado a fijar metas individuales para cada Estado miembro y ha optado por fijar un objetivo común del 27% de generación de energía procedente de fuentes renovables para el conjunto de la UE. El cambio, ni en el fondo ni en la forma, es baladí. ¿Quien responderá cuando en 2030 no se alcance este objetivo? ¿Quien será el responsable de este fracaso anunciado? Desde luego no lo serán los países miembros puesto que en ningún momento se les exige un cumplimiento individualizado de la normativa. Por si esto fuera poco, en octubre de 2010 la Comisión presentó un texto autodenominado ?Normativa inteligente en la Unión Europea? en el que se afirmaba la necesidad de reforzar el papel de ciudadanos y partes interesadas en el proceso de elaboración de leyes. Aplíquenlo.
Mientras que antes podíamos hablar de Europa como el principal espacio institucional verde en el que las políticas de apuesta por y apoyo a este tipo de energías era patente, ahora nos encontramos con un escenario en el que las empresas afectadas navegan con el aire en contra y lo hacen por un golpe de viento no esperado. Es cierto que, tanto la crisis económica, como los indudables costes de las renovables han influenciado profundamente en esta decisión pero no por ello debemos evitar señalar con el dedo a quien sembró el camino y ahora lo anega. El Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea declara que en cualquier legislación es esencial poder llevar a cabo una atribución de responsabilidad y este es el momento de señalar a Europa como la responsable de establecer primero una política de apoyo a estas tecnologías y luego una política de abandono a las mismas empresas que creyeron un día en el objetivo de conseguir un espació limpio y eficiente para las siguientes generaciones de europeos.
Ayer, en el marco de los Diálogos sobre Europa y con el título ?Claves para el futuro de las energías renovables? pudimos conocer de primera mano la situación del sector en España. Lo hicimos, precisamente, en la sede de las Instituciones Europeas en nuestro país que actúan, y es de reconocimiento obligado, como auténtico vehículo de transmisión entre la realidad española y el día a día europeo. UNEF, AEE, APPA, ANPIER, PROTERMOSOLAR y la Fundación Renovables, junto a Foro Europa Ciudadana, pusimos de manifiesto las pérdidas económicas y medioambientales que todos deberemos asumir en el futuro. La mayor parte de estas pérdidas tienen su razón en la inseguridad jurídica generada durante años en España y que se ha visto reflejada en la Orden Ministerial de asignación de retribución a las energías renovables. Una orden que, ignorando al sector, se fundamenta en unos estándares arbitrarios y que puede calificarse, como ya se ha hecho, como ?la regulación más perniciosa que se ha dictado jamás en ningún país?. Cierto es que el legislador español no es, precisamente, un ejemplo en cuanto a la construcción de una legislación eficiente, más bien al contrario, pero la realidad es que mientras que antaño, estas mismas asociaciones podían mirar a Europa buscando apoyo y consuelo, ahora sólo encuentran el desprecio en España y la soledad en Bruselas. Aun tenemos una oportunidad de cambiar esta situación y exigir a la Unión Europea y a la Comisaria Heidegaard mayor compromiso y sobre todo claridad a la hora de apostar por el futuro que será verde y lo será por necesidad. El camino está despejado pero el viento en contra es fuerte.
Jose Carlos Cano, Presidente Foro Europa Ciudadana
