En el período anterior a la penúltima crisis, los economistas identificamos, entre otras tendencias, la denominada desintermediación, que viene a ser el proceso por el que la importancia de los clásicos intermediarios financieros (la banca) va reduciéndose a favor de otra financiación más directa entre agentes económicos (los mercados). Aunque este proceso no se produjo de forma acusada en nuestro país, pues la financiación bancaria sigue siendo la predominante en nuestras empresas, más si lo comparamos con las economías anglosajonas, sí es verdad que el acceso al mercado a través de las diferentes emisiones de papel, sobre todo para las muy grandes empresas, se incrementó.
No sólo por esta tendencia, sino también por la paulatina reducción de los tipos de interés, la banca se trasladó de su negocio tradicional (la intermediación, prestando caro y financiándose barato, quedándose con la diferencia, el denominado margen de intermediación), a la mediación en mercados financieros, asesorando y ayudando a colocar los títulos procedentes de las nuevas emisiones en el mercado (obteniendo una vía nueva de ingresos vía comisiones).
Los gobiernos, con su afán regulatorio tan insaciable, establecieron más y más normas a la nueva actividad (aunque muchos quieran ver lo contrario), como también lo había tenido la tradicional. Si bien la calidad de estas nuevas normas no fue la adecuada, como lo puede atestiguar la crisis financiera que en el verano de 2007 comenzó a generarse y con las consecuencias que aún estamos sufriendo.
En el momento actual, otro término similar parece que se está imponiendo: la tendencia a la desbancarización, que podríamos definir como el proceso a disminuir radicalmente el peso de la banca en los canales de financiación de empresas. Este fenómeno ha dado lugar a la aparición, más reciente en nuestro país que en otros en los que cuentan con más tradición, de fondos de financiación directa o direct lending, en su acepción inglesa más extendida.
Sin entrar en detalles de que este tipo de instrumentos, al menos por ahora, son más indicados para empresas medianas y grandes (y en España, que contamos con una gran porcentaje de pymes -pequeña y muy pequeña empresa-), su aportación a la solución del cierre del grifo del crédito será pequeña. Por cierto, el interés de España y sus empresas como destino de la liquidez internacional es un aspecto positivo con el que debemos quedarnos.
Aun así, la capacidad regulatoria (y controladora, con todas sus implicaciones) de los políticos sigue en forma, ahora con la traslación a nuestra regulación de las normas de Basilea III, mucho más exigente y limitadora a la hora de que la empresa bancaria conceda préstamos (provocada además por otras situaciones perversas emanadas de los propios poderes públicos). Adicionalmente, el Ministerio de Economía se encuentra trabajando en la creación de un modelo de empresas de capital riesgo para pymes, que pretende crear un canal de financiación alternativo para la banca (más desbancarización).
¡Qué pena que vuelva a perderse otra oportunidad! Ocasión para dejar que sean los propios mecanismos del mercado, bien entendido éste, los que pongan a cada entidad, banco, caja, fondo o como se llame, en su sitio. Como ocurre con el resto de compañías, de las empresas no financieras, y los emprendedores que aún identifican oportunidades de negocio, que lo único que piden del Gobierno es "que les dejen hacer" (que no les pongan trabas en forma de normas y regulaciones), y será la competencia del mercado quien se encargue de premiar o castigar su buena o mala gestión. Eso es lo que llamaríamos desregulación real.
Ignacio López Domínguez, economista.
