¿Es posible que una administración compre con la inteligencia suficiente para alcanzar, además de eficiencia económica, objetivos sociales y ambientales? El año pasado el Reino Unido decidió, en un contexto de restricciones presupuestarias, responder "sí" y aprobar la Social Value Act. La idea parece sencilla. Si la empresa A es capaz, además de ofrecer un servicio eficiente a la administración, aportar más valor, por ejemplo creando empleo joven, podría ganar un contrato incluso si su competidor, la empresa B, ha presentado una oferta de menor coste.
El debate sobre la compra pública responsable no es nuevo en Europa. Prácticamente todos los países europeos tienen una estrategia de compra pública verde y la mayoría incluyen cada vez más aspectos sociales. Existen ejemplos, guías e iniciativas en todos los países. Podemos repasar las lecciones aprendidas sobre compra responsable en proyectos de construcción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012. O podemos revisar también los objetivos de países como Holanda con el compromiso de incluir los aspectos sociales y ambientales en el 100% de sus compras en 2015.
En un contexto de restricción de costes y donde la compra de las administraciones supone un volumen de recursos que se estima entre un 16% y un 18% del PIB, ayer se discutió en el Congreso la proposición de Ley sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. El texto de la propuesta incide fundamentalmente en que los órganos de contratación administrativa establezcan como requisito para participar en una licitación (en los contratos cuyo objeto esté directamente vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación) la acreditación del cumplimiento legal de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o de haber adoptado las medidas alternativas correspondientes. Esta misma acreditación deberá llevarse a cabo para resultar beneficiario de subvenciones públicas.
En principio nada muy radical salvo la necesidad de incidir en el cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) que entró en vigor en 1982.
Lo que sí resulta interesante de esta propuesta, que no debería presentar ningún problema en su trámite, es que trae de nuevo el debate sobre la compra pública responsable a España.
Objetivos sociales y laborales
La compra pública responsable supone un avance en las formas de llevar a cabo la contratación pública, donde a la consideración de criterios de relación entre calidad /precio e imparcialidad en los procedimientos de contratación (transparencia e igualdad), se le añaden parámetros ambientales, sociales y éticos. Ya sabemos que la política de contratación pública está orientada a la consecución de objetivos de eficiencia económica pero también puede tener como derivada estratégica la consecución de objetivos sociales o ambientales.
El sector público puede y debe asumir un papel protagonista como líder y motor del desarrollo de la responsabilidad social, incorporando los criterios éticos, sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación, lo que además, impulsaría la adopción de dichos criterios por parte de las empresas contratadas o proveedores e incluso por los licitadores privados. Existen tres tipos de cláusulas que pueden impulsarse en la contratación pública: las cláusulas éticas, las cláusulas sociales o laborales y las cláusulas ecológicas o ambientales. Las cláusulas éticas incluyen aspectos relativos a transparencia, lucha contra la corrupción o promoción de los derechos humanos. Las cláusulas sociales o laborales se dirigen hacia el cumplimiento de la normativa laboral, la calidad del empleo o la prevención de riesgos laborales. Y por último, las cláusulas ambientales que reúne aspectos de eficiencia energética, control de consumos y gestión ambiental de las organizaciones, entre otros.
Para cada tipo de cláusulas y, en función de los sectores, existen distintas herramientas que ya son utilizadas por las empresas, que aspiran a ser contratadas por la administración para demostrar el compromiso y cumplimiento de estas prácticas como la ISO 14001 desde la perspectiva ambiental o la más integral SGE 21 con criterios sociales, ambientales y de buen gobierno.
Mantener criterios de unidad de mercado y favorecer plazos de transición que ayuden a avanzar y no generen barreras administrativas será necesario para consolidar de forma positiva esta tendencia. En definitiva, una iniciativa acertada que viene acompañada de una visión estratégica e inteligente.
Germán Granda, Director General de Forética, @germangranda.
