Algunos países son más eficientes que otros en proporcionar bienestar social.
¿Por qué algunos gobiernos gastan más que otros? La pregunta es más compleja de lo que parece, sobre todo en el caso de los gobiernos europeos.
La respuesta puede parecer obvia al comparar, por ejemplo, Dinamarca (donde el gasto público, excluyendo los pagos de intereses de la deuda, alcanzó el 58 por ciento del PIB en 2012) y Estados Unidos (donde la misma cifra fue de un 35 por ciento). No hay duda de que la explicación está en la amplitud de los servicios públicos y el alcance del estado de bienestar. Los datos parecen reivindicar la famosa frase de la canciller alemana, Angela Merkel, de que el problema de Europa es que tiene el 7 por ciento de la población, produce el 25 por ciento del PIB y debe financiar el 50 por ciento del gasto social del planeta.
Desde esta perspectiva, los gobiernos europeos se enfrentan a una elección incómoda. La mayoría está buscando maneras de limitar el endeudamiento público, recortar los déficit y reducir el gasto sin perjudicar a sus ciudadanos más pobres. Pero, a juzgar por la experiencia de EEUU y otros países no europeos, es posible que se vean ante la disyuntiva de elegir entre la insolvencia y la desigualdad. Tras haber alcanzado el punto en que apenas pueden seguir aumentando los impuestos, les resulta imposible pagar sus deudas manteniendo simultáneamente el gasto social en los niveles actuales. La respuesta es menos evidente cuando se comparan los países europeos entre sí. En su mayoría prefieren socializar el riesgo y evitar la desigualdad (ambos rasgos son los pilares del modelo social europeo). No obstante, sus niveles de gasto público difieren. El país que más gasta es Dinamarca, su 58 por ciento son ¡13 puntos porcentuales más que España! Quizás sea todavía más sorprendente que los organismos públicos franceses gastan 12 puntos porcentuales del PIB más que los alemanes, sin que haya diferencias significativas en los resultados de sanidad, educación o reducción de la pobreza. Algunos países son más eficientes que otros en cuanto a proporcionar bienestar social. Más aun, algunos han logrado reducir su gasto público de manera significativa sin cambiar el conjunto de su modelo social. El gasto público sueco es nueve puntos porcentuales inferior al registrado en 1995. Desde entonces ha habido recortes al gasto en bienestar social, y aún así el país sigue en los primeros lugares de la mayoría de los indicadores de desarrollo y se continúa viendo como un modelo de democracia social.
Esto no quiere decir que todos los países europeos proporcionen la misma red de seguridad social. Las prestaciones por desempleo o las pensiones públicas no son idénticas en Irlanda y Finlandia, por ejemplo. Pero no hay una estricta correspondencia entre los niveles de gasto público y los resultados sociales. Una de las explicaciones es la relación entre costes y eficacia de los programas públicos. Algunos sistemas de atención de salud están sencillamente mejor gestionados que otros. Por ejemplo, se usa los equipo costosos con mayor frecuencia, se da a los pacientes medicamentos genéricos en lugar de otros de marcas o se hace prevención de manera oportuna para evitar tener que recurrir a tratamientos costosos. Lograr una atención sanitaria más eficiente no presupone una mayor desigualdad- Por el contrario, puede reducirla.
Una segunda razón de las importantes diferencias en los niveles de gasto en Europa es que el gasto público y privado pueden ser altamente sustituibles. Las contribuciones a un sistema público de pensiones por retenciones son muy similares a las que se hacen a un sistema de seguro privado obligatorio. Por ejemplo, una de las razones de que Francia gaste mucho en pensiones públicas es que en el país prácticamente no existen planes de pensiones privadas. Si los empleados tuvieran que suscribirse a un fondo empresarial o sectorial, el gasto público se reduciría mecánicamente sin que se produjeran muchos cambios. Es cierto que, en general, los regímenes públicos de pensiones implican un cierto grado de redistribución. Pero en su mayoría retienen dinero de los empleados cuando están activos para redistribuírselos cuando jubilen. La pregunta difícil es si ven estas contribuciones como sus propios ahorros o simplemente como impuestos, en cuyo caso pueden desalentar el empleo o incentivar el trabajo en negro. En cualquier caso, si se desea, la sustitución de los planes de pensiones públicos por privados ayuda a reducir el gasto público sin afectar demasiado la distribución.
Una tercera razón de las diferencias en los niveles de gasto público europeo es que a menudo los gobiernos apuntan, sin lograrlo, a paliar las consecuencias de las ineficiencias del mercado. Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda los programas públicos son necesarios para dar un acceso asequible a los pobres y los jóvenes y contribuir al fomento del ahorro de energía. Sin embargo, a menudo hacen mucho más: dan una ayuda innecesaria a los hogares de clase media (o, peor aún, subsidian indirectamente a los propietarios al ayudar a los inquilinos a pagar el alquiler). Lo mismo se puede decir de las políticas para las empresas o el mercado laboral. En estos casos, el gasto público no sirve a sus objetivos declarados, sino que financia la seguridad social de la clase media o incluso de los propietarios de capital. Puede ser difícil recortarlo en el corto plazo, pero se puede lograr sin consecuencias sociales adversas en el mediano.
En último término, resulta difícil distinguir entre las diversas causas de que en algunos países haya un mayor gasto público que en otros. Está claro que ciertos modelos sociales son más generosos y eficientes. Pero aunque algunos gobiernos no tienen otra opción que recortar programas de reducción de la desigualdad y a otros les puede resultar más conveniente en términos políticos cambiar la distribución del ingreso que implementar medidas en pro de la eficiencia, es mucho lo que se puede hacer para mejorar la relación entre coste y eficacia del gasto público antes de dar marcha atrás en el contrato social. Los gobiernos europeos todavía pueden encontrar modos de reducirlo sin afectar adversamente su modelo social.
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