De 1988 a 1997 en que se liberalizó el mercado eléctrico, existió el llamado Marco Legal Estable. Con él, el Estado reconocía unos costes de generación eléctrica asociados a las inversiones, la operación y mantenimiento y el gasto de combustible y las empresas eran remuneradas en base a estos costes más un margen adicional, si bien el Estado se reservaba la decisión sobre las tecnologías que se debían potenciar.
El transporte de alta tensión se nacionalizó con la creación de Red Eléctrica (REE), la distribución seguía perteneciendo a las diferentes empresas, a las que también se les reconocía los costes de mantenimiento de sus redes de distribución, y los consumidores pagaban un precio que tenía que ver con todos los costes y con la demanda estimada para cada año. Era lo que se llamaba tarifa integral.
Para las fuentes de energía se consideraba un régimen ordinario (centrales nucleares, centrales de fuel y de carbón y grandes centrales hidráulicas) y un régimen especial formado por centrales pequeñas de energías renovables o de cogeneración. Este modelo -tutelado por el Estado- buscaba, en principio, incentivar la independencia energética y mejorar la competitividad de la industria.
La Unión Europea impulsó a finales de los años noventa abrir los mercados energéticos y caminar hacia la integración europea del sector, lo que motivó la Ley 54/1997 que eliminaba el concepto de servicio público para la generación eléctrica.
Cada empresa era libre de invertir en aquellas tecnologías que consideraba más adecuada de acuerdo a sus expectativas de mercado. Eso sí, se abrió un marco de subvenciones para el desarrollo de las energías renovables que, años después, motivó la construcción de centrales eólicas y fotovoltáicas por doquier. Unas energías de costes prohibitivos, pero muy interesantes para los inversores debido al absurdo régimen de subvenciones. Las actividades de transporte continuaban reguladas con REE como operador del sistema y se abría la comercialización de la energía eléctrica a la competencia con la creación de empresas comercializadoras.
Se crearon dos mercados imperfectos
A la vez se creaban dos mercados: el de los grandes consumidores que negociaban los precios directamente con las empresas, y un mercado minorista entre los pequeños consumidores y las comercializadoras en un régimen de libre competencia. Mercados imperfectos, pues se seguían cubriendo los costes del sistema por detrás, ya que la factura eléctrica tenía dos componentes: un precio regulado para cubrir los costes de transporte, distribución y otras cargas del Estado, y un precio de mercado en régimen de competencia. Además, aparecían la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL), organismos reguladores del sistema.
El sistema consideraba además unos costes adicionales: los CTC (Costes de Transición a la Competencia), que garantizaban a las empresas generadoras la recuperación de las inversiones hechas hasta esa fecha, pues la nueva situación no aseguraba la venta de toda la energía producida como ocurría con el Marco Legal Estable. Una cantidad cercana a los 60.000 millones de euros, que se pensaba tener liquidada en 2010. Al constatar, en 2005, que las empresas habían recibido más de lo estipulado, los CTC quedaron eliminados por ley en 2006 (se habla de cifras entorno a los 12.000 millones de euros de sobrepago).
El nirvana de las tarifas bajas
Hasta 2009 se vivió en el nirvana de las bajas tarifas eléctricas, pues el precio final del kilowatio seguía manipulado por el Estado. Una circunstancia que ocultaba el hecho de que en un mercado libre el precio de venta será siempre el que convenga a los agentes del mercado de acuerdo con la demanda. Con lo que para contener los precios finales, no se buscó otro mecanismo que llevar las diferencias al déficit del Estado -el famoso déficit de tarifa-, hoy alrededor de los 30.000 millones de euros.
Sin embargo, el problema esencial de este agujero inmenso se debe al mix energético; es decir, a las diversas fuentes de energía que constituyen el sistema de generación eléctrica en España. Un mix irracional, con exceso de capacidad, impulsado políticamente, que ha favorecido sin reflexión alguna carísimas energías renovables y ha cerrado las puertas a otras energías más competitivas, como puede ser la energía nuclear. Una situación donde la incapacidad en la gestión de la política energética ha llevado a dos alternativas: permitir al mercado operar libremente y, por tanto, llevar los precios finales al consumidor de acuerdo este comportamiento, o volver a los tiempos de nacionalizar el precio llevando las diferencias al déficit del Estado.
Malas soluciones ambas, ya que la primera conduce a una situación imposible para los consumidores, y la segunda lleva a aumentar el déficit sin control. Y es que el problema de fondo no es sólo económico como los gestores políticos actuales parecen creer, sino que se centra en el diseño de un modelo energético a largo plazo, que sea eficiente en lo económico y, sobre todo, en lo energético. Lo que no puede ser diseñado desde un despacho del ministerio de turno al margen de las empresas y de los consumidores. Lo que llama a establecer un pacto energético a largo plazo con todos los agentes implicados.
Fijar los precios finales por Decreto Ley, como se acaba de hacer, no es sino ponerse una venda en los ojos. El problema volverá de nuevo con mayor crudeza y estallará en las manos del Gobierno. Un Gobierno que en cortísimo tiempo ya ha tenido dos Secretarios de Estado de Energía y no parece que con muy buenos resultados.
Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España.
Así es el "mecanismo transitorio" de fijación de precios
