La crisis ha sido tan profunda y se ha llevado por delante tantos planteamientos establecidos en la etapa anterior que, probablemente, pocos ingenuos han llegado a pensar que, una vez formalizada la salida del túnel que con tanto alborozo se anuncia, las cosas volverán a ser como antes. Las conquistas sociales que se han arruinado requerirán nuevos y arduos y esfuerzos para recuperarse; los salarios, públicos y privados, que fueron recortados para sortear el turbión no se repondrán y la flexibilización del mercado laboral -ese eufemismo que significa pérdida de derechos sociales- no volverá a atrás espontáneamente sino al contrario: resultará muy difícil regresar a un mercado laboral más habitable si no se consigue movilizar voluntades a lo largo y ancho de la globalización ya que de otro modo el dumping social seguirá haciendo estragos en la competitividad de nuestros países.
De momento, antes de que nadie invoque todavía la necesidad de revertir las medidas quirúrgicas adoptadas en el fragor de la crisis, las primeras manifestaciones políticas no van precisamente en la dirección de reparar el daño sino al contrario.
Bajada de impuestos en Madrid
En efecto, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado ya una bajada de impuestos para el año próximo que representará una caída de la recaudación de 357 millones de euros. En concreto, se rebajarán el IRPF, las transmisiones patrimoniales en la compra de pisos de segunda mano y el gravamen sobre los actos jurídicos documentados. Este anuncio es ulterior a otros semejantes en Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana, todas comunidades del PP.
La medida madrileña ha encontrado abundante oposición, pero porque incluye un agravio comparativo y no porque vaya en dirección inadecuada.
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, correligionario de González, ha dicho que "no tiene sentido" que haya comunidades que ofrezcan bonificaciones, deducciones fiscales "u otras ventajas" con dinero de los valencianos. Andalucía ve la medida "desleal". Canarias la considera "un mal ejemplo". Otros han señalado la contradicción que existe entre este anuncio y las recientes lamentaciones del presidente madrileño sobre el maltrato que depara el Estado a Madrid a causa de un sistema de financiación autonómico supuestamente injusto. Montoro, por su parte, ha declarado lacónicamente que "será que le sobra el dinero". Sólo algunas fuerzas opositoras han criticado que se bajen impuestos y que se suban desmesuradamente numerosas tasas.
Esta rebaja fiscal tiene evidente carácter ideológico, y por lo tanto clientelar. La derecha madrileña, no satisfecha con la posición privilegiada de su comunidad en el Estado, piensa que la bajada de impuestos es intrínsecamente deseable y sabe que agrada al electorado natural del PP. De hecho, esta actitud neoliberal, conservadora, es la hegemónica hoy en Europa. Pero en la coyuntura actual debería dosificarse con cuidado.
En efecto, estamos todavía completando la consolidación fiscal, que obligó al PP a imponer subidas de impuestos contra lo anunciado en el programa electoral, y es claro que una rebaja de la fiscalidad animaría ahora la demanda y el crecimiento. Sin embargo, el ajuste que han llevado a cabo todas las administraciones para avanzar hacia la estabilidad perdida ha producido graves quebrantos al estado de bienestar anterior a la crisis. Ha aumentado hasta más allá de lo soportable el copago farmacéutico, las tasas universitarias se han disparado, se han reducido las becas, se han bajado los salarios públicos, las pensiones van a dejar de indexarse con el IPC, han caído las plantillas de docentes, de policías, de funcionarios de todas clases?
Peor calidad de vida
Así las cosas, cuando es patente que la calidad de vida de los ciudadanos ha descendido notablemente, al tiempo que una cuarta parte de quienes pueden y quieren trabajar no consiguen un empleo, el gesto de bajar impuestos con urgencia y como primera provisión tras el terremoto de la crisis indica sin lugar a dudas que se renuncia a reconstruir el sistema de protección social y a devolver los grandes servicios públicos la potencia que nunca debieron haber perdido. En el fondo, esta actitud da la razón a quienes han afirmado, entre el escándalo fingido de los políticos populares, que este Gobierno estaba dispuesto a aprovechar la crisis para reducir drásticamente el tamaño de lo público y materializar ya para siempre un designio conservador de fuerte carga política.
Tras el zarpazo de la crisis, la sociedad debe reflexionar sobre la dirección que desea emprender. Podría parecer que las cesiones que hemos debido realizar eran inexorables porque -se nos ha insistido- habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este aserto es falaz porque la culpa de la crisis no es de los probos ciudadanos hipotecados sino de los tramposos avarientos que abusaron de la confianza de la mayoría y saquearon el sistema financiero. De modo que a partir de ahora, tendremos que conjugar el sentido común que nos recomienda ser prudentes -y mantener las cotas de competitividad que nos aseguren un futuro próspero- con la exigencia de un acomodo social que nos garantice el bienestar y la felicidad.
Antonio Papell, periodista.