La entrada de capitales debe convertirse en crecimiento sano en el sector privado.
Los flujos de fondos inversores hacia España se han recuperado con fuerza, lo que se ha traducido en la revalorización de acciones y bonos. Hace un año, el BCE detuvo la sangría de salida de capitales. A partir de ese momento, la inmensa liquidez mundial comenzó a fijarse en España como una oportunidad de encontrar rentabilidades escasas en otros lugares. Además, desde primavera, la amenaza de un cambio en la política de la Reserva Federal de EEUU expulsó inversores de la deuda americana y, por extensión, alemana, que corrieron a buscar beneficio en activos periféricos.
Pero esa llegada de fondos sólo será positiva para nuestra economía si acaba convirtiéndose en crecimiento y empleo, lo que parece más difícil. La literatura económica señala que la entrada de capitales masiva por factores externos es peligrosa y genera menos crecimiento que la debida a causas domésticas, ya que es mucho más volátil. Además, en caso de no encontrar un justificante interno, ese diferencial de rentabilidad favorable puede agotarse en poco tiempo. Los últimos datos señalan que la Reserva Federal americana va a retrasar sus planes; quizá a cancelarlos de forma casi definitiva. Eso podría dar al traste con el proceso de atracción de capitales a España: los mismos volverían a economías como la americana al constatar que la Fed apostaba a un farol. Por eso, urge aprovechar el momento para generar crecimiento.
La inversión directa todavía es relativamente reducida, por lo que el enlace entre flujos y crecimiento es el crédito. Si no circula, los fondos externos no pueden convertirse en savia para la economía española, puesto que sólo alcanzan al sector público y a una parte muy pequeña del tejido productivo. Pero, ¿realmente tiene sentido alimentar a crédito una economía que apenas ha comenzado a depurar el exceso de deuda? Las familias y empresas están realizando un esfuerzo masivo de desapalancamiento. Aunque a cambio, el sector público no sólo lo está compensando, sino que se endeuda mucho más de lo que se alivia el sector privado. Esta situación es doblemente perversa, puesto que la administración se queda con una parte muy importante de esos flujos que entran del exterior, impidiendo por tanto que los mismos lleguen donde se requieren. De este modo, el ajuste del déficit y la deuda públicos se convierte en un mecanismo necesario para que los capitales externos se conviertan en crecimiento sano en el sector privado. Necesario, pero no suficiente.
La única forma de aumentar el empleo, es crear más empresas y/o que las ya existentes crezcan. Hasta 2010 las pymes aportaban en España más del 65% del total del valor añadido del PIB, pero menos de la mitad obtienen ahora el crédito que necesitan. Así, si bien la pugna por aumentar el crédito en general puede ser incoherente, en cambio recuperar el flujo de financiación a las pymes se convierte en una prioridad. Pero se enfrenta a dificultades. Una de las más importantes es la regulación financiera: esos créditos tienen un peso muy elevado en el riesgo de los bancos según Basilea III lo que les desincentiva a concederlos. Este efecto se podría mitigar mediante titulizaciones, un formato que, de hecho, alimentó el fuerte crecimiento de los años previos. Al tratarse de un tipo de bonos fácilmente negociables serviría para atraer flujos convertibles en crédito productivo.
Todavía existen en el mercado más de 50.000 millones de titulizaciones en préstamos a pymes españolas, pero eso no impide que en 2012 la emisión de las mismas se desplomara, en línea con la restricción de crédito. Muchos inversores internacionales todavía desconfían, por lo que revivir ese mercado no es fácil. La razón principal es la reducida calificación crediticia de dichos activos. Una forma de elevarla es aumentar la del estado, puesto que está ligada a la misma. Otra vez el saneamiento de las cuentas públicas se vuelve clave. Pero si realmente existe un compromiso con la recuperación, existen otras formas más agresivas: se podría contemplar una garantía a esas emisiones por parte del sector público o de algún organismo europeo. Además, esa medida afronta la otra fuente de desconfianza: la tasa de morosidad. Es una acción relativamente barata y ágil de implementar con una rentabilidad elevada en términos de crecimiento y empleo. Si se junta con un ajuste real de las cuentas públicas, ese beneficio se multiplica. Pero la situación tan oportuna puede desaparecer en cualquier momento.
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