Desde hace unos meses asistimos con alivio, al anuncio de datos esperanzadores sobre el desempleo en España. La encuesta de población activa del segundo trimestre de 2013, el paro de los meses del verano y el informe de septiembre del Banco de España empiezan a dibujar un panorama menos sombrío sobre la evolución inmediata y las perspectivas del mercado laboral. Salimos de la recesión y entramos en una fase de crecimiento, aunque sea débil y todavía muy frágil.
Hay 300.000 parados menos que a comienzos de 2012, a pesar de que mientras tanto hemos perdido 700.000 empleos. En nuestro mercado de trabajo empezamos a ver comportamientos hasta ahora inéditos. La población activa se ha reducido en 300.000 personas; son los jóvenes que han retornado a las aulas, los extranjeros que han vuelto a sus países, los titulados que emigraron o simplemente las personas que han desistido de seguir buscando empleo. Se han creado más de 250.000 empleos a tiempo parcial y el número de empresarios, con o sin empleados, emprendedores, ha crecido desde principios de 2012 en 50.000 personas.
Tradicionalmente nuestro mercado de trabajo ha necesitado tasas altas de crecimiento del PIB para crear empleo, pero ahora, aún cayendo levemente, el paro ha empezado a descender. Es posible que con crecimientos moderados podamos empezar a crear empleos. De que eso suceda dependerá que iniciemos una recuperación verdadera o entremos en una fase de estancamiento. El riesgo es que hayamos pasado de una fase crítica a otra crónica.
Tenemos que suponer que la reforma laboral de 2012 facilitará la creación de nuevos empleos, pero no olvidemos que el Gobierno tiene otra herramienta a su alcance para activar el mercado laboral; las políticas activas de empleo, un término muy gastado que a veces ha amparado políticas de gasto público muy poco eficaces. Programas y medidas que, si están bien diseñados y suficientemente dotados económicamente, ayudan a rebajar los costes de reclutamiento, facilitan la inversión en capital humano, reducen los tiempos de búsqueda de empleo, contienen el gasto en prestaciones y actúan como un estímulo económico.
Ahora tenemos la oportunidad y la obligación de poner en marcha políticas de empleo eficaces que ayuden a los mayores de 45 años, a los jóvenes sin cualificación, a los titulados que buscan su primer empleo, o a los trabajadores procedentes de sectores que literalmente se han desplomado, a no descolgarse de las nuevas oportunidades que surjan. Unas políticas de empleo bien diseñadas y suficientemente dotadas, evitarían que todas estas personas acaben configurando una gigantesca bolsa de paro estructural, que lastre la recuperación y fracture la sociedad.
Esta semana hemos conocido el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, en donde el gasto en políticas de empleo crece casi en 270 millones de euros, un 7,3% respecto a 2013. Pero no olvidemos que estas políticas son las que experimentaron el mayor recorte relativo en los presupuestos de 2012. Desde 2011 los servicios autonómicos de empleo han perdido más de dos mil millones de euros, un 60,98% de los fondos de formación, orientación o empleo, al tiempo que se incrementa en más de 200 millones la reserva de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal. Detrás no sólo hay un ajuste fiscal, sino una redistribución del gasto; en 2011 las comunidades gastaban casi la mitad del presupuesto de políticas de empleo (44%), mientras que en 2014 dispondrán de menos de un tercera parte (31%).
Es el momento de articular todos los esfuerzos, tanto públicos como privados, en el diseño e implementación de iniciativas y medidas, que dotadas de los recursos técnicos y económicos suficientes, se concentren en la mejora de la empleabilidad, con el objetivo de incrementar su cualificación y en su caso, facilitarles el acceso a un puesto de trabajo digno.
Francisco Rueda Sagaseta, director de formación para el empleo Élogos.
Cada vez hay más trabajadores que buscan empleo
