El debate presupuestario se ha realizado tradicionalmente durante su tramitación parlamentaria. Sin embargo, uno de los caracteres que cada vez están más presentes en el proceso de elaboración presupuestaria es el elevado porcentaje de gasto previamente comprometido. Esto se ha plasmado de modo muy intenso en los Presupuestos Generales del Estado para 2014.
Decisiones históricas como la descentralización competencial en las comunidades autónomas y la integración en el euro, tendencias estructurales como el envejecimiento de la población y desequilibrios estructurales como la excesiva elasticidad-renta de nuestro sistema fiscal o la dualidad de nuestro mercado de trabajo, por citar solo algunos factores relevantes, conducen a que el margen de maniobra de la política fiscal sea cada vez menor. También llevan a que la discusión sobre las políticas de gasto estén cada vez más ausentes del debate presupuestario, toda vez que en gran medida dependen de decisiones ya tomadas o circunstancias ajenas al mismo.
Es cierto que, casi siempre, los Presupuestos son el resultado de un difícil equilibrio entre el plan político del Gobierno, el gasto previamente comprometido y las cada vez más fuertes restricciones financieras a que se enfrenta la Administración. La fortaleza de estas restricciones y su eventual compatibilidad con el modelo de sociedad y estado que hemos desarrollado en España en las últimas décadas nos obligan a plantearnos en un horizonte más amplio la necesidad de garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar en un entorno de crecimiento débil.
Durante los dos últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha una parte muy relevante del Programa Nacional de Reformas en prácticamente todos los ámbitos y sectores de la realidad económica española. En estos momentos, tenemos el convencimiento de que la tendencia es objetivamente mejor que la percibida en los últimos años.
A pesar del esfuerzo realizado, algunos factores como la debilidad del crecimiento económico, el déficit público que precisa de nuevo endeudamiento neto para su financiación, el elevado desempleo, el envejecimiento de la población y la cuestionada suficiencia de nuestro sistema fiscal, nos obligan a mantener la tensión en la ejecución del proceso de reformas previstas. El próximo mes de octubre abordaremos la discusión de unos nuevos presupuestos. Si el objetivo es que en ese momento algunos de los problemas esbozados hayan mejorado su diagnóstico, éste es el momento de actuar.
Algunas estrategias ya han sido esbozadas, aunque están aún lejos de ser una realidad: centrándonos únicamente en las reformas que tienen por objeto fundamental la Administración, no podemos esperar un minuto más para poner en marcha aquellas reorganizaciones o racionalizaciones que supongan un incremento de la eficiencia en su funcionamiento. No se trata de reducir las dotaciones presupuestarias, algunas ya cerca del límite de la inoperatividad o completamente inútiles si no tienen detrás un cambio operativo real. Debemos ser capaces de evaluar, liderados por el Gobierno, cuál es la cartera de servicios públicos a que puede hacer frente la Administración y cómo podemos gestionarlos del modo más eficiente.
Es cierto que nuestro sistema territorial no está basado en el principio de Administración única, sino en el de competencias compartidas, pero si ponemos el acento en los ciudadanos, lo relevante no es el papel que juega cada responsable público, sino el modo en el que se proveen los servicios públicos con los niveles adecuados de calidad y coste. Las reformas impulsadas por el Gobierno, en el ámbito de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y la referida a la Administración Local, avanzan en esta dirección. Los presupuestos que se aprueben para 2015, en todos los niveles, deberían contemplar ya su efectividad.
Hasta dentro de doce meses.
Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.