La forma más ortodoxa de financiar el gasto público es a través de impuestos. Las características fundamentales de los sistemas impositivos desde que las autoridades políticas necesitaron financiar sus gastos fueron la insuficiencia y la falta de equidad. Tradicionalmente, los sistemas impositivos han sido injustos e insuficientes. Las clases privilegiadas y con mayor capacidad adquisitiva hasta épocas relativamente recientes han permanecido exentas del pago de impuestos, al tiempo que una tremenda carga impositiva caía de forma arbitraria e imprevisible sobre quienes menos capacidad tenían. La agricultura no sólo tenía que soportar los sustanciosos y vejatorios tributos señoriales y los diezmos, tenía que financiar una hacienda en bancarrota debido a las guerras y extravagancias de la Corona, lo que implicaba una carga adicional y siempre creciente de multitud de impuestos. En este sentido serían los miembros de la Fisiocracia, tal vez la primera escuela de Economía Política (Francia, 1756-1774), los que intentaron poner orden en un pseudo sistema impositivo que les preocupaba especialmente por los efectos desincentivadores del impuesto sobre los agricultores en general y sobre los empresarios agrícolas en particular. Aquí radicaba su teoría del impuesto único, y que tuvo su reflejo en España por las mismas fechas con el intento del catastro del marqués de la Ensenada de establecer la contribución única.
La agricultura no sólo tenía que soportar los sustanciosos y vejatorios tributos señoriales y los diezmos, tenía que financiar una hacienda en bancarrota debido a las guerras y extravagancias de la Corona, lo que implicaba una carga adicional y siempre creciente de multitud de impuestos. En este sentido serían los miembros de la Fisiocracia, tal vez la primera escuela de Economía Política (Francia, 1756-1774), los que intentaron poner orden en un pseudo sistema impositivo que les preocupaba especialmente por los efectos desincentivadores del impuesto sobre los agricultores en general y sobre los empresarios agrícolas en particular. Aquí radicaba su teoría del impuesto único, y que tuvo su reflejo en España por las mismas fechas con el intento del catastro del marqués de la Ensenada de establecer la contribución única.
A partir de aquí la corriente principal de pensamiento económico, comenzando por Adam Smith, consciente de las importantes funciones del Estado, intentó explicar cómo deben establecerse los ingresos públicos, fundamentalmente los impuestos. Dos principios presiden la organización de la hacienda en La Riqueza de las Naciones, principios acordes con su preocupación fundamental de lograr un aumento en el producto social; así pues, la hacienda debe evitar toda interferencia con el óptimo logrado por la libre competencia, principio de neutralidad, y por otra parte evitando a toda costa que la acción financiera del Estado frene al otro motor impulsor del desarrollo material, la acumulación de capital, finalidad que se logra mediante la admisión del principio del equilibrio presupuestario (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, libro V, cap. II).
El resto de los economistas clásicos aceptan "las cualidades que son de desear en un sistema de impuestos desde el punto de vista económico y como los siguientes autores han estado de acuerdo con ellas, puede decirse que han llegado a ser clásicas", como nos dice John Stuart Mill, quien además va a decantarse por la imposición proporcional frente a la imposición progresiva en los términos siguientes: "Deseo tanto como el primero que se tomen medidas para que disminuyan las desigualdades, pero no de manera que alivien al pródigo a expensas del prudente. Exigir sobre los grandes ingresos un porcentaje más elevado que sobre los pequeños es imponer una contribución a la actividad y a la economía; poner un castigo a los que han trabajado y han ahorrado más que sus vecinos" (J.S.Mill, Principios de Economía Política, libro V, cap. II, 3).
A duras penas las últimas reformas fiscales en España, ya en la democracia, han intentado armonizar nuestro sistema impositivo con los del resto de la Unión Europea. Pues bien, los últimos aumentos de los tipos impositivos tanto del IRPF como del IVA pusieron en pie de guerra al mal llamado mundo de la cultura, esa pseudocultura que ha estado postulando la excepción cultural para el cine español, y cuyos correligionarios exigen, siempre evitando la competencia y la igualdad de oportunidades, la discriminación positiva.
Es curioso que quienes exigen la excepción cultural y las subvenciones para el cine español postulen la disminución de ingresos mediante la reducción al mínimo del tipo del IVA aplicado a las entradas de cine. El cine español, lo mismo que el resto de las manifestaciones culturales y artísticas, deben competir con las del resto del mundo, y que la gente elija qué películas quiere ver, que sin duda, serán las mejores.
El razonamiento de los economistas se fundamenta en la concepción de la sociedad como un organismo en que todos los participantes están motivados por sus propios intereses y actúan de acuerdo con ellos. Y aquí radica la importancia de los incentivos. Y la estructura de incentivos está determinada por el marco institucional, que a su vez viene determinado por las regulaciones existentes, el sistema impositivo, etc. Pues bien, las excepciones y discriminaciones en los tipos impositivos, excepciones culturales y discriminaciones positivas, aparte de afectar negativamente a terceros pueden provocar una estructura de incentivos adversa. De ahí que desde el punto de vista de la economía, lejos de tener la más mínima justificación, lo que hacen es castigar a los eficientes y premiar a los perezosos o menos eficientes.
Victoriano Martín, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas y Filosofía Moral Universidad Rey Juan Carlos.
