El debate en curso acerca de las pensiones es una de las cuestiones más deliberadamente confusas de cuantas componen la actualidad. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que desvincula estas prestaciones del IPC y han surgido alarmantes conclusiones de diverso origen que señalan que dicha reforma solo busca reducir la protección, desamparar a los pensionistas. Como argumento de telenovela puede servir, pero no como análisis realista de la situación.
Así que presumo intereses espurios más que incompetencia en quienes vinculan la calidad del sistema solo a las cuantías de las pensiones. Eso importa, claro. Pero tanto como eso, importa articular una estructura estable, solidaria, permanente, que asegure el futuro. Combinar los dos aspectos es hacer política de protección social de altura. Es, exactamente, la política que hay que hacer.
El objetivo profundo de la Seguridad Social es procurar, exactamente, seguridad. Es decir, una conciencia individual y colectiva de seguridad -psicológica, consciente, previa a la aparición de la necesidad, generalizada...- que permita a las personas saber con certeza que estarán protegidas ante los riesgos. Saber eso, contar con que el sistema seguirá ahí mañana, es también Seguridad Social. Su objetivo político real no es revalorizar las pensiones en cuantías financieramente inasumibles solo para que los sucesivos gobiernos reciban aplausos navideños y apoyos sindicales, sino consolidar mecanismos que no comprometan ni pongan en riesgo ni hagan imposible un sistema sólido de pensiones tanto para hoy, como para el futuro.
En estas mismas páginas, ya propuse el año pasado que debería introducirse en la Ley General de Seguridad Social, esto es, en una ley general de aplicación continuada y no en las sucesivas leyes de presupuestos, un mecanismo automático, un método aritmético que estableciera la posibilidad de revalorización por debajo del IPC de las pensiones en ciclos económicos o en años especialmente negativos, de acuerdo con criterios objetivos: los niveles de empleo, la evolución negativa de los salarios, el porcentaje de crecimiento del PIB, por ejemplo, o un conjunto de indicadores que fueran, realmente, un factor de sostenibilidad del sistema.
Ligar las pensiones al IPC es el camino más corto hacia la quiebra del sistema. Quienes defienden un incremento así defienden, realmente, una forma exacta de hundir para el futuro los niveles de protección. Desde que en 1997 se introdujo la revalorización automática en función del IPC, los sucesivos gobiernos y el discurso común de los partidos políticos ha girado en torno al objetivo de elevar las pensiones y solo de modo secundario a los medios operativos precisos para conseguirlo.
La decisión del Gobierno remedia lo que en 1997 fue contemplado como la gran contradicción legislativa del sistema de pensiones español porque en aquel 1997, varios países de nuestro entorno hicieron lo contrario: renunciar a las revalorizaciones automáticas e introducir por primera vez el factor de sostenibilidad en sus propios sistemas. En España todo tarda un poco más. Desvincular las pensiones del IPC e introducir un factor de sostenibilidad es ahora absolutamente imprescindible, quince años después.
Pensiones: el Gobierno prevé un gran ahorro