¿La independencia se traduciría en más capacidad de gasto de los políticos o de los catalanes?
Cuando se analizan las consecuencias económicas de una hipotética independencia de Cataluña, se suelen comparar los aspectos positivos y los negativos. Entre los numerosos perjuicios económicos que la independencia traería a Cataluña estarían la reducción del comercio o las dificultades para obtener financiación barata por parte de un nuevo estado pequeño y recientemente independizado. La principal ventaja económica sería la independencia fiscal, que permitiría que Cataluña dispusiera de mayores ingresos fiscales. Como la renta de los ciudadanos catalanes es mayor que la media española, pagan más impuestos, mientras que los ingresos que reciben del estado son menores. Es el denominado déficit fiscal, que se produce porque los impuestos modernos se cobran a los individuos (personas físicas y empresas) y no a los territorios. De hecho, el déficit fiscal también se produce en otras regiones ricas españolas como Madrid o Valencia.
El análisis de esta ventaja económica que proporcionaría la independencia de Cataluña se suele abordar y discutir echando mano a los números, viendo cuál es el déficit fiscal real y cómo evolucionaría con la independencia. Pero existe un problema relacionado con esta supuesta ventaja económica de la independencia que apenas es comentado. Si se habla de una mejora económica para Cataluña, se debería hablar de una mejora económica de la economía catalana, que está compuesta por ciudadanos, trabajadores, empresas y, además, por las administraciones públicas. El gobierno es una parte más de la economía, pero no la única y no, en muchos casos, la más importante. De hecho, muchas veces la existencia de gobiernos muy grandes, que se dedican a intervenir en exceso en la economía, a través de altos impuestos y numerosas regulaciones que reducen la libertad económica de las personas y las empresas, pueden perjudicar el desarrollo económico de un país.
Cuando se argumenta que la independencia supondría mayores ingresos fiscales para Cataluña, en realidad habría que decir que significaría mayores ingresos para las administraciones públicas catalanas, es decir, para sus políticos. ¿Se traduciría esta mayor capacidad de gasto de los políticos catalanes en una mejora de la economía catalana, incrementando el empleo, la renta y los beneficios de sus ciudadanos y empresas? En mi opinión, no. Y esta opinión se basa en la experiencia de lo ocurrido en Cataluña en las últimas décadas. Durante el franquismo, Cataluña, pese a no tener apenas autogobierno debido al elevado centralismo de la dictadura, se convirtió en la región más adelantada de España, atrayendo a numerosas empresas y trabajadores de otras regiones de España. Sin embargo, en las más de tres décadas de democracia, con un autogobierno de los más descentralizados del mundo, Cataluña ha perdido poder económico frente a otras regiones españolas. Parece que, lo importante no es el grado de autogobierno, sino qué es lo que hacen los gobiernos con ese poder y esos recursos. Cataluña ha perdido peso económico, entre otras razones, porque sus gobiernos han hecho las cosas muy mal, desarrollando una serie de política antiliberales e intervencionistas que han deprimido la actividad económica. Entre estas políticas están los obstáculos a la libertad de comercio, el incremento de impuestos, la política lingüística, o los altísimos niveles de corrupción aceptada por numerosos catalanes. Estas políticas han acabado por ahuyentar a numerosos trabajadores y empresas, que se han desplazado en busca de entornos económicos más libres y prósperos, tanto en España como en el resto de Europa.
Al igual que dar más dinero en ayudas al desarrollo a países pobres cuyos gobiernos corruptos aplican políticas económicas dañinas no mejora, sino que empeora su situación, dar más dinero y poder a los políticos catalanes no sería una ventaja para Cataluña, más bien lo contrario, empeoraría aún más la situación económica de esta región. Más aún, el principal partido gobernante en Cataluña ha sido, y es, Convergencia y Unió, un partido teóricamente conservador y moderado. Si, como es de prever, la independencia da mayor poder e influencia a partidos más radicales como Esquerra Republicana, cuyas políticas económicas serían aún más intervencionistas si cabe que las aplicadas hasta ahora, el panorama que le espera a la economía catalana con la independencia es desolador, por mucho que incrementen sus ingresos fiscales.
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