Soy consciente, de que, en mi condición de miembro de aquel Grupo de Expertos en cuya labor se ha inspirado la última propuesta del Gobierno sobre reforma de las pensiones, mi opinión parecerá sesgada y previsible. Todo el mundo esperará que sea positiva. No obstante, quizás suponga algún tipo de aporte que eche mi cuarto a espadas explicando por qué esa propuesta, en términos generales, me gusta.
Vaya por delante que la propuesta me gusta de la misma forma que a un médico le gusta una buena terapia preventiva o curativa. No creo que los médicos disfruten amargando la vida de sus pacientes; pero, ante la evidencia de que dicho paciente tiene un problema que será mayor si no se trata, saben que su obligación es imponerle condiciones que probablemente no le gustarán, para así no tener que tomar, años mediante, soluciones invasivas o dolorosas.
También quisiera decir que no comparto la idea de que esta u otras reformas de las pensiones sean ejemplos de la ineficacia o voracidad de los políticos, como se comenta, y mucho, en las redes sociales. Yo tuve la ocasión, como miembro del Comité de Expertos, de enfrentarme a las preguntas y comentarios de todos los grupos políticos de la Comisión del Pacto de Toledo. Ninguno de ellos me dio la impresión de querer otra cosa que un futuro venturoso, estable y socialmente generoso para nuestro sistema de pensiones.
Todos trabajan para conservar y consolidar el sistema de reparto que los españoles quieren darse. Se difiere en la estrategia para conseguirlo, cosa que está muy bien. La ausencia de ideas enfrentadas sólo se da en las satrapías. Ahora se nos propone desligar la revalorización de las pensiones del IPC. Y es normal que muchas personas se sientan enfadadas por ello, porque la tradición de ligar pensiones y poder adquisitivo, en España, es dilatada; aunque el pasado reciente nos demuestra que, en realidad, esa garantía se otorga sólo cuando se puede.
¿Qué significa que, un año, el índice de revalorización se coloque por debajo del 0,25%, y se active la cláusula suelo?
Significa que nuestro sistema de pensiones no tiene capacidad estructural de generar ingresos suficientes para subir las pensiones más que ese 0,25%. La pregunta es: si eso es así, ¿no querremos saberlo? Embarcados como estamos en una muy saludable demanda colectiva de transparencia a nuestros gobernantes, ¿defenderemos ahora que preferimos vivir engañados y que las pensiones suban mediante una regla de revalorización automática que no nos informa de si esa subida es factible, consistente o sostenible?
El día que nuestros políticos se dirijan a nosotros anunciándonos la enésima reforma de las pensiones, provocada por todas esas subidas que eran inconsistentes con la situación financiera a largo plazo del sistema, ¿acaso no les acusaremos habernos hurtado la realidad, de "habernos metido en ese agujero sin avisarnos"? Pero, entonces, ¿por qué rechazamos una regla de revalorización que nos da a todos la capacidad de saber cuál es la capacidad de nuestro sistema de pensiones, y de debatir las formas de incrementarla si nos parece demasiado rácana?
Me gusta la propuesta, porque creo que enfrenta este problema de una forma técnicamente sólida y, a la vez, muy sencilla: hacer depender las pensiones de lo que hay en la caja para pagarlas. La mejor política de pensiones es crear empleo; y la segunda es establecer mecanismos que no permitan que el sistema descarrile más allá de su capacidad real de sostener las prestaciones. Y, además, el sistema propuesto sirve para valorar cuánto hace falta para financiar las propuestas que se hagan. Le aprieta las tuercas a los políticos, porque le pone nombre y apellidos a sus promesas.
Negar que el sistema de reparto español tiene, en un horizonte nada lejano, problemas derivados de sus tensiones demográficas, es negar el principio de ser preventivo para garantizarse una buena salud. Pero, aunque hay problemas en el horizonte, tenemos terreno para la positividad si nos recetamos un entorno de trabajo que nos garantice la suficiencia en el largo plazo y nos haga ganar una capacidad de conocimiento total de nuestro estado que nos permita tomar decisiones informadas.
La mejor forma, hoy, de defender nuestro sistema de reparto, es defender su reforma, de manera que con unas nuevas reglas recetemos un presente cierto y futuro despejado de preocupaciones.
Miguel Ángel Vázquez, responsable de Estudios de Unespa y miembro del grupo de expertos sobre el diseño del factor de sostenibilidad.
