Después de pasados unos meses de reflexión, a la espera quizá de la incipiente recuperación económica en la que el Gobierno confía, parece bastante probable que la discutida propuesta que surgió del grupo de expertos para revisar cómo contener el coste creciente de las pensiones públicas va a diluirse y convertirse en un nuevo parche, otro más, de nuestro apreciado sistema, ya suficientemente modificado parcialmente en infinidad de ocasiones.
Por ello la ministra Báñez está tratando de alcanzar un acuerdo de mínimos con los agentes sociales para presentar un texto legal que probablemente remita al Congreso a finales de septiembre, suavizando radicalmente la propuesta original de los expertos que, en su mayoría, se pronunciaban porque el factor de sostenibilidad entrara en vigor lo antes posible, preferiblemente en 2014, y de otro lado, planteaban desvincular las pensiones de los precios y ligar su evolución al ciclo económico.
Esta revisión de la propuesta formulada por los expertos, que en ningún caso era considerada como vinculante por el Gobierno, plantea que la entrada en vigor del factor de sostenibilidad se dilate hasta finales de la próxima legislatura, al menos hasta 2019, que era la fecha máxima que los expertos señalaban para que se pusiera en marcha. Respecto al otro factor, el índice de revalorización, que iría probablemente en otro proyecto de ley, el punto de partida de negociación del Gobierno es el de fijar umbrales a partir del 2014, tanto mínimo que será del 0,25% como máximo, el IPC más 0,25%, de cara a evitar la congelación y el potencial descenso nominal de las pensiones actuales -llamativo al menos si se compara con el ajuste en las rentas salariales de los últimos años- incluyendo, por otro lado, nuevas variables, aparte de los precios, como la variación de los ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social y el efecto sustitución entre los pensionistas que entran y salen del sistema. Parece claro que el uso de un techo, como en el caso sueco, ayudaría a la financiación del sistema mientras que el establecimiento del mínimo del 0,25% tiene un evidente contenido político, que trata sin duda de echar un anzuelo en el enorme caladero de votos de actuales jubilados de cara a próximas contiendas electorales.
La 'condena' de una generación
En definitiva, con estos parches se trata de perpetuar el estatu quo de un sistema claramente cuestionado, que está consumiendo el fondo de reserva a gran velocidad y que está empezando a aplicar desde este año la última reforma en vigor, la que se aprobó en 2011, que contemplaba el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Ello con el objetivo final de evitar legislar en solitario y asumir el tremendo coste político y social que conllevaría hacerlo entre el colectivo pensionista actual. Se piensa, por tanto, poco en sostenibilidad y futuro de un sistema necesario y básico de nuestro estado de bienestar. Porque ello significa, en fin, trasladar el problema al futuro, haciendo caer el peso de todo el recorte de las prestaciones en solo una generación de jubilados futuros, probablemente la del baby boom, que son los actuales sostenedores del sistema de reparto. Sería muy injusto que, por motivos electorales y partidistas, una sola generación tenga que soportar todos los recortes y endurecimientos del sistema, y que ello les suponga un empobrecimiento de su potencial pensión futura una vez alcancen la edad, sea cual sea, de jubilación.
Somos de la opinión de que ahora sería el momento adecuado para poder acometerse toda una serie de estudios, proyecciones y teorías que sirvieran para elaborar un libro Blanco que afrontara, sin cortapisas y con valentía, la reforma del sistema de pensiones en su conjunto, en el plazo adecuado y con la comparecencia de todo el espectro social, económico y político necesario. Y que esa fuera la base sobre la que desarrollar todo un nuevo sistema de pensiones públicas y sostenibles, tanto a nivel normativo como organizativo, y no solamente presupuestario, abordando aspectos tan vitales como cuál debiera ser el porcentaje del PIB que se quiere dedicar a las pensiones en los próximos años o como financiarlas. Siendo además necesario reordenar y modernizar de forma integral y adecuada, el marco que lo sostiene.
Rocío Gallego, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos.
