Ha pasado ya más de un mes desde que el comité de expertos presentara sus conclusiones sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno que tiene que decidir qué hacer con este informe, ya sea aplicarlo en su totalidad, hacerlo sólo parcialmente -aplicando, por ejemplo, sólo uno de los coeficientes propuestos- o enviarlo directamente al cajón de los recuerdos. Eso sí, antes debe tratar de buscar el consenso con el resto de partidos políticos y agentes sociales participantes en el Pacto de Toledo, cuestión que aparece harto complicada vista la reacción de la mayoría de grupos políticos y sindicatos al informe de los expertos. Este rechazo previo afianza la idea de que al Gobierno le tocará, por tanto, decidir si legisla en solitario esta reforma y asume o no, el tremendo coste político y social que conllevaría.
En el ínterin, el Gobierno sigue disponiendo del Fondo de Reserva (otros 3.500 millones de euros) por la importante necesidad de financiación para hacer frente al abono de la mensualidad ordinaria del mes de julio y la extraordinaria de verano, principalmente por la disminución del saldo de tesorería debido a la caída de la recaudación y el aumento del número y coste medio de las pensiones. En otras palabras, el Fondo de Reserva se sigue vaciando y el desequilibrio del sistema permanece. Es precisamente ese motivo, el desequilibrio presupuestario del sistema, en el que el informe del comité de expertos se centra casi exclusivamente, de manera que se busca un sistema de contención del gasto doble que se suma al retraso de la edad de jubilación y demás ajustes de la anterior reforma (la de la Ley 27/2011), que apenas se ha puesto en marcha: uno, que desvincula la evolución de las pensiones y las liga a la salud de las cuentas del sistema (y que impactaría sobre el colectivo de pensionistas actuales), y otro, que calcula las prestaciones iniciales de los futuros jubilados según la esperanza de vida en el momento del retiro.
Es, por tanto urgente desde el punto de vista presupuestario acometer la revisión del sistema. Sin embargo, somos de la opinión que tanto el plazo de un mes para la elaboración de un simple informe, parametrizado y teledirigido desde el Gobierno por las necesidades perentorias de recorte del gasto, como la propia elección del grupo de expertos, sin desmerecer su enorme experiencia y autoridad en el tema, no responde a los criterios adecuados que se han seguido en el resto de países que han acometido una reforma de tanto calado y trascendencia como la de las pensiones. Pensamos que se hubiera necesitado, a pesar de las urgencias demandadas desde Europa, del tiempo de análisis y maduración necesario y suficiente para una cuestión de tanta trascendencia. Lo lógico hubiera sido plantear toda una serie de estudios, proyecciones y teorías que hubieran servido para elaborar un libro Blanco que afrontara, sin cortapisas y con valentía, la reforma del sistema de pensiones en su conjunto, en el plazo adecuado y con la comparecencia de todo el espectro social, económico y político necesario. Y que esa fuera la base sobre la que desarrollar todo un nuevo sistema de pensiones públicas, tanto a nivel normativo como organizativo, y no solamente presupuestario, como se plantea en el informe de expertos.
Es más, en el citado informe no se abordan aspectos tan vitales como cuál debiera ser el porcentaje del PIB que se quiere dedicar a las pensiones en los próximos años o abordar incluso si el actual modelo constitucional que rige nuestro sistema de pensiones, de reparto y prestación definida, es el que queremos que realmente sustente el mismo en el futuro, sin olvidar, por supuesto, aspectos claves tales como mejorar la actual financiación de las pensiones, o abordar el tema de las prejubilaciones y el de las prestaciones de los autónomos y funcionarios, por nombrar sólo algunos de ellos.
Además, debe señalarse que el conjunto de reformas -parciales- que se vienen realizando en los últimos años no vienen sino a complicar y superponerse sobre un mapa jurídico y normativo de nuestro sistema de pensiones claramente complejo, caótico e incompleto, donde en muchos casos no se tiene conciencia de qué ley regula qué prestación o si está en vigor o ya ha sido derogada. Es necesario, por tanto, reordenar y modernizar el marco que lo sostiene de forma integral y adecuada para afrontar el presente y futuro con garantías.
Y no sólo eso. Se debe ser muy prudente con los tiempos de aplicación de la reformas y, por lo tanto, de los coeficientes de sostenibilidad, para evitar que una sola generación, probablemente la del baby boom, tenga que soportar todos los impactos, ajustes y endurecimientos del sistema, resultando finalmente un empobrecimiento de su potencial pensión futura y de su calidad de vida una vez alcancen (sea cual sea) la edad de jubilación.
Rocío Gallego, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos.
¿Y si vivimos más y trabajamos menos?
