Bienvenidos sean todos los esfuerzos por abrir el grifo del crédito a las pymes, a los autónomos y a las familias. Al menos, ahora ya es un axioma compartido por la inmensa mayoría de la población: sin financiación no se dinamiza la actividad empresarial. Y sin una mayor actividad empresarial no hay crecimiento. Es algo en lo que hemos insistido las organizaciones empresariales desde hace más de dos años. Algo, en fin, que dejó dicho el comisario europeo Olli Rehn en Madrid, en febrero pasado: "El cuello de botella de España es que el crédito es excesivamente restrictivo y a un precio elevado, lo que hace que sea de escasa disponibilidad".
El crédito a las pymes, que depende en un 95% de las entidades financieras, se ha desplomado un 66% desde 2007: en torno a 265.000 millones menos. Y ahora, cuando parece que los bancos han comenzado ya a apuntalar su solvencia, sólo conceden dos de cada diez créditos solicitados por las pymes (en el caso de la "banca intervenida"); o tres de cada diez créditos, si se trata de las denominadas "entidades sanas".
Y las exigencias siguen siendo inasumibles por parte de la inmensa mayoría de las pymes: préstamos a un interés del euríbor más 5,4 puntos, en el mejor de los casos, además de los correspondientes avales y garantías personales. En el supuesto de que una pyme pudiera acceder a un crédito en esas condiciones, lo haría en clara desventaja en relación -por ejemplo- con la media de los préstamos a una empresa de mayor tamaño en España (274 puntos básicos menos); en relación con la media de una pyme de la Eurozona (315 puntos); o en relación con la media de una pyme alemana (casi 400 puntos menos). Ante esta situación y dadas las escasas perspectivas de que pueda mejorar a corto o medio plazo, es lógico que también el Gobierno se haya planteado impulsar vías alternativas, o complementarias, al sistema bancario tradicional. Nada fácil ni inmediato, pero necesario.
No parece, en este sentido, que haya sido suficiente la experiencia del Mercado Alternativo Bursátil, a pesar de las modificaciones normativas que ha experimentado desde su puesta en marcha en 2008. Ni parece que la solución pueda venir de la mano del futuro Mercado de Renta Fija. Según las estimaciones de los analistas, esta nueva vía de financiación podría satisfacer las aspiraciones de un centenar de pymes. Bien, pero muy escaso, como se puede entender. Se da la circunstancia, sin embargo, que actualmente más de 112.000 pymes están asociadas a alguna de las 23 sociedades de garantías recíprocas (SGR) que operan en España. Un sector, el de las SGR, que mantiene un riesgo vivo superior a los 5.500 millones, con plazos de amortización por encima de los tres años, para generar una inversión total de casi 33.500 millones.
Si no fluye el crédito actualmente porque, como parece, las pymes no son capaces de aportar las garantías que exigen ahora los bancos, la fórmula del aval es idónea para superar este obstáculo. Es decir, el sector de las SGR se presenta como una vía complementaria eficaz -aparentemente, al menos- para superar el "cuello de botella" al que se refería el comisario Olli Rehn. Se trata de una fórmula de colaboración público-privada que multiplica extraordinariamente el esfuerzo inversor inicial. Así, cada euro aportado por la Administración, la SGR lo eleva a 35 euros en avales, que a su vez se convierten en más de 90 euros de inversión por parte de una pyme.
No es, efectivamente, una opción ni tan sencilla ni tan inmediata. Exige una apuesta firme del Gobierno, una mayor implicación por parte de las entidades financieras y una voluntad decidida del propio sector.
Formulado en síntesis, sería preciso avanzar en tres direcciones: 1) Que el Gobierno fortalezca la capacidad financiera y operativa de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa). 2) La modificación de los porcentajes de participación de todos los agentes implicados en el sistema de garantías (Cersa, SGR, bancos y pymes beneficiarias), con el fin de garantizar la solvencia de las operaciones. Y 3) Que las propias SGR, asociadas en Cesgar, afronten un proceso de reestructuración, de manera que las 23 sociedades actuales se concentren en un máximo de cinco, con el fin de potenciar su capacidad y poder convertirse realmente en la herramienta del tejido empresarial capilar de España, que es la pyme y el empresario autónomo. Y todo ello, con el objeto de multiplicar por diez, al menos, el riesgo vivo actual. Si los bancos no son capaces de atender directamente la demanda crediticia de las pymes, ésta es una fórmula complementaria viable para abrir el grifo.
Jesús María Terciado Valls, presidente de Cepyme.
