La empresa española ha tenido siempre una profunda preocupación por la competitividad, que debe ser la clave para nuestra política energética. La energía es esencial para muchas empresas, en especial para aquéllas intensivas en su uso, para las que la factura energética puede llegar a superar al coste de personal. Ante la publicación de la futura reforma energética, es necesario hacer unas reflexiones acerca de las medidas que deberían contemplarse en la misma.
Es preciso comenzar por subrayar que el sistema energético no debe servir para soportar los costes de decisiones puramente políticas, con los que se está sobrecargando injustificadamente la factura energética final. Los sobrecostes derivados de decisiones políticas deben ser trasladados a Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, también es cierto que el sistema energético ha de ser sostenible. Ello implica satisfacer en su totalidad los costes del suministro de energía, que han de ser estrictamente los asociados al mismo.
En este sentido, debe evitarse la generación de nuevo déficit tarifario, cifrado en el sector eléctrico en 26.062 millones de euros a 10 de mayo de 2013 y en cerca de 390 en el gasista. Ello, sin olvidar la necesidad de satisfacer también los intereses derivados de su colocación, que sólo en 2012 fueron ya 590M. En lo relativo a infraestructuras, es preciso optimizar el desarrollo o ampliación de nuevas infraestructuras en base a la demanda real y prevista, priorizándose los refuerzos de la interconexión gasista y eléctrica de la Península Ibérica con el resto de la UE, a fin de poder mejorar tanto la liquidez de los mercados como la gestionabilidad de nuestras redes.
Es bien conocida la elevada dependencia energética de nuestro país, muy por encima de la media de la UE, con el consiguiente daño a nuestra balanza energética, que se acrecentará dadas las previsiones de incremento de precios. En este sentido, y en línea con los compromisos de lucha contra el cambio climático, CEOE cree en la necesidad de apoyar el desarrollo de fuentes no convencionales, como por ejemplo las renovables. Pero no se debe incurrir de nuevo en errores pasados de apoyo prematuro a tecnologías de gran potencial, pero todavía en el inicio de su curva de aprendizaje. Por ello, es esencial revisar su sistema de apoyo. Nuestra apuesta ha de centrarse en el desarrollo de I+D+i que posibilite además crear un tejido industrial nacional.
Adicionalmente, debemos focalizar los esfuerzos en aquellas tecnologías que aporten a nuestro país una ventaja competitiva real. En línea con lo anterior, es preciso revisar el Plan de Energías Renovables 2012-2020, modulando la senda de integración de renovables en base a la capacidad real de absorción de potencia adicional de nuestro sistema eléctrico.
Dada la creciente presencia de renovables, es también vital disponer de un sistema altamente gestionable, para lo que es preceptivo contar con herramientas de gestión de la demanda, así como de potencia flexible. Para ello, son importantes tanto el adecuado diseño de mecanismos de capacidad, como la posibilidad de hibernar instalaciones productivas, no debiendo implicar esta medida un aumento en el coste de los peajes.
Aumenta también la importancia de la exploración y explotación segura de los recursos fósiles autóctonos que puedan existir en el territorio nacional (gas no convencional, posible yacimiento de petróleo en Canarias, etc.). España no puede permitirse dejar pasar estas oportunidades. El diseño de nuestro mix energético debe garantizar que, junto a lo anterior, se cumpla con los compromisos de nuestro país al menor coste posible. Para ello, España necesita un mix de generación equilibrado, que posibilite precios finales competitivos y en el que todas las tecnologías se encuentren representadas en su justa medida. Además, en apoyo a la competitividad de los sectores industriales, debemos seguir el ejemplo de otros Estados que, conscientes de su importancia, han adoptado medidas como la firma de contratos bilaterales o la de eximir a dichos sectores, bajo ciertas condiciones, del apoyo a las renovables. Otra opción también interesante sería destinar parte de la producción renovable a la firma de bilaterales con consumidores industriales. En la misma línea, en materia de fiscalidad energética es esencial ajustar dichas cargas a los mínimos contemplados en la legislación europea, o compensar al menos el impacto que tienen sobre la competitividad de nuestra economía y, en especial, sobre nuestros sectores industriales.
Es también crucial la coordinación entre Comunidades Autónomas para evitar duplicidades normativas, que derivan en distorsiones de mercado o en rupturas de su unidad. Por último, se ha de advertir que siguen existiendo importantes nichos de mejora de la eficiencia energética en sectores tan amplios como el de la edificación o el transporte. Por supuesto, las medidas a adoptar deben tener en cuenta la relación coste/beneficio de su puesta en práctica.
La envergadura y repercusión de las medidas a adoptar hacen necesario alcanzar un gran acuerdo nacional, en forma de Pacto de Estado, que permita avanzar en las decisiones adecuadas con un marco temporal lo suficientemente amplio para posibilitar las inversiones que resulten necesarias, dotándolas de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Nuestro futuro económico depende de nuestra capacidad de adoptar hoy las decisiones adecuadas. Difícil tarea en la que CEOE está dispuesta a colaborar con el Gobierno para buscar las mejores soluciones.
Antonio Garamendi Lecanda, presidente de la comisión de energía de CEOE y vicepresidente primero de Cepyme.
