El pasado mes de marzo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicaba un real decreto que modificaba la regulación de la formación acreditable en España. Esta es la formación que, encuadrada en el Marco Europeo de las Cualificaciones, permite al trabajador, sea desempleado u ocupado, certificar sus competencias ante todas las empresas, en cualquier país de la Unión, desde Cabo Norte a Trafalgar.
Quizás los cambios recogidos en el real decreto parezcan ajustes reglamentarios, de rango inferior, literatura administrativista y burocrática sólo interesante para funcionarios. Pero lo cierto es que, de forma silenciosa, estos cambios encierran una capacidad enorme de modernización y transformación de nuestro sistema de formación profesional y de nuestras políticas de empleo. En unos pocos años nada será igual en lo que se refiere a la formación de los trabajadores, en particular de los que buscan un empleo.
El pasado martes 17 de abril, en el marco de las jornadas "Cultural digital y pymes, organizada por la Fundación élogos y la Fundación Telefónica el subdirector de Políticas Activas del Servicio Público Estatal de Empleo, Jesús Barroso, presentó todos estos cambios a responsables de recursos humanos y gestión del conocimiento de empresas grandes y pymes, a expertos del sector de las tecnologías, servicios de empleo especializados y entidades de formación.
A todos ellos les explicó que, a partir de ahora, la mayor parte de los certificados de profesionalidad se van a poder impartir en la modalidad de teleformación, aprovechando todas las potencialidades del e-learning.
Por fin, miles de trabajadores desempleados podrán acceder a una formación de calidad, próxima y acreditable, con independencia del lugar donde vivan, sin que importe sus limitaciones de movilidad o la disponibilidad de tiempo para acudir a clases presenciales.
Es posible que aún no seamos conscientes de lo que eso significa, pero vamos a conocer cambios sustanciales en el modelo, en el protagonismo de las personas, en el papel de los centros de formación y de los servicios públicos de empleo, en la democratización del acceso a la formación y a la certificación o en la movilidad de los trabajadores y de las competencias.
No sólo eso, este real decreto abre la puerta a ofrecer formación certificable fuera los programas públicos de subvención. Dicho de otra forma, de una vez por todas, la formación de los trabajadores deja de ser un programa de subvenciones, para convertirse en una verdadera herramienta de gestión del conocimiento y de inversión en capital humano. Hasta ahora cualquiera de nosotros podíamos invertir libremente en nuestra formación para el empleo siempre, que no dieran lugar a certificado alguno. Afortunadamente con la nueva norma desaparece este sinsentido; un avance en la cultura de la libertad de la persona y en la autonomía de cada empresa, a la hora de gestionar el capital humano.
Por último, se introduce un cambio sustancial; ubicar en el Servicio Público Estatal de Empleo la competencia del registro de los centros de formación que impartan formación en modalidad de teleformación. Se termina la obligación de acudir a diecisiete registros autonómicos con exigencias, no sólo diferentes, sino a veces estrictamente contrarios a la teleformación. No sólo se elimina una barrera burocrática, a menudo infranqueable, sino que se sientan las bases para articular en España un verdadero sector empresarial, competitivo y eficaz.
Pero no nos confiemos, aún quedan muchos riesgos y muchas barreras que, aunque no podrán impedirla, dificultarán la modernización de nuestro sistema de formación para el empleo.
Aún quedan demasiados miedos, recelos y desconocimientos que entorpecerán el camino, todavía pensamos con mentalidad analógica mientras avanzamos en la sociedad digital, pero lo que es seguro es que los pasos que se están dando nos van poniendo en el camino correcto.
Francisco Rueda Sagaseta, Director de Formación para el Empleo de élogos.