Hace apenas unas semanas los medios de comunicación se hicieron eco de una decisión judicial hasta ahora inédita en el panorama legal español. Una magistrada de Barcelona acordó remitir a mediación a una entidad financiera y a un joven discapacitado al que el banco había demandado por impago de su hipoteca. Invocando una directiva europea sobre contratos de crédito todavía no aprobada, la juez instó a las partes a pactar "soluciones imaginativas" al problema, desde la dación en pago al alquiler social de la vivienda, sin descartar una reducción de la deuda o una moratoria.
Cinco años de crisis económica están teniendo efectos devastadores en los bolsillos del ciudadano. Ahí están, como prueba de ello, las 91.000 ejecuciones hipotecarias que se iniciaron en España en 2012.
Ante un problema de esta magnitud, resulta difícil encontrar soluciones que se ajusten a unos parámetros estrictamente jurídicos y que satisfagan a las dos partes del conflicto. Y esa realidad es la que lleva a la Justicia en estas ocasiones a conducir determinados casos a otras instancias capaces de hallar "soluciones imaginativas" a un litigio. En ese sentido, parece probable que la iniciativa de la magistrada de Barcelona se repetirá en el futuro.
Desde el año pasado funcionan en varias ciudades españolas oficinas de intermediación hipotecaria con el fin de encontrar soluciones que permitan paliar la grave situación en la que se encuentran miles de familias. La primera de estas oficinas surgió el año pasado en la ciudad de Terrassa (Barcelona), y ha alcanzado porcentajes de éxito del 68% en la búsqueda de acuerdos beneficiosos para el deudor. Y otro dato no menos importante: el coste medio de cada expediente cerrado en Terrassa ha sido de 166 euros, frente a los 3.000 euros de gasto generado por cualquier proceso judicial hipotecario (tasas, aranceles, mandamientos registrales y honorarios).
Eficacia, ahorro y rapidez son, sin duda, argumentos de peso más que suficientes para apostar por una vía de resolución de conflictos como la mediación, siguiendo el camino que iniciaron ya hace años países del entorno europeo.
A todas esas ventajas hay que añadir otra no menos importante, como es la de ayudar a miles de ciudadanos a hacer frente al indudable desgaste emocional que supone encontrarse ante la amenaza de perder nada menos que el propio hogar.
Jordi Rivera, Consejero delegado de DAS.
