Desde mediados de la pasada década, con la plena asunción del euro, las Administraciones Públicas, las empresas y las familias han recibido y gastado recursos monetarios ingentes. Antes de la existencia del euro las empresas españolas estaban mucho menos apalancadas que las alemanas, francesas y otras, pero con la posibilidad de contar con una financiación barata y abundante se endeudaron rápidamente. Las AAPP y las familias actuaron de manera similar y así, fue el país el que encontró dificultades para cubrir con sus obligaciones de pago y, peor aún, tuvo que soportar tipos de interés más altos.
Otros países se encontraron con problemas aún mayores y a pesar de las ayudas externas el descrédito trajo nuevas dificultades de las que no se ha salido. En España las familias y empresas ya están reduciendo su deuda a costa de esfuerzos y privaciones pero la del conjunto de las AAPP aumenta.
En esta situación es sorprendente que haya entidades y empresas públicas que incrementen sus efectivos, precisamente cuando hay menos recursos y mayor posibilidad de malbaratarlos. También se mantienen actividades de las que se podría prescindir sin pérdidas relevantes y que ahora siguen llenando el BOE y vaciando las menguadas arcas públicas. El problema principal es la financiación, porque los impuestos han llegado al tope, con alegría de la economía irregular, y los remedios son nuevas tasas e incursiones en ámbitos que se deberían haber evitado, porque crean más problemas y costes al tiempo que aportan muy poco. Veamos dos casos.
El viernes 13 de abril entró en vigor en Andalucía una norma que aspira a expropiar los inmuebles embargados y multar los inmuebles no ocupados. Trata de mantener en su vivienda a las familias incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Resulta que las entidades afectadas lo son porque absorbieron a las promotoras y la última, el Sareb, no puede ser responsable de nada de lo hecho allí porque no estaba.
También se aprovecha para que la Junta se lleve unas perras (de multas a los bancos y de los ingresos de las familias, que poco tienen porque no pueden pagar la hipoteca, pero no se les quitará por encima del 25% de sus muy menguados ingresos). La idea parece muy social y sensible, pero no tiene lo que no tiene en cuenta son las implicaciones del presunto buenísimo subyacente. En España hay más familias que son dueñas de su vivienda que en cualquier otro país de la UE. Es así porque la hipoteca es un préstamo muy sólido, se sustenta en la garantía de la vivienda más la del beneficiario del préstamo y, a veces, también con otro valedor. Gracias a esa seguridad y a su larga dilación es más barata y atractiva para los que prestan el dinero a los compradores y para estos, al punto que extranjeros que vienen a vivir o veranear en España lo prefieren al crédito de su banco en otros países, porque es barata.
La mortage solo se apoya en la vivienda y eso la hace más cara. Si la hipoteca pierde sus cualidades el acceso a la propiedad de la vivienda está en entredicho pero alguien consigue dos cosas: parece que se preocupa de los débiles, aunque no se sabe nada de lo que pasará una vez transcurridos los 3 años que se dan, ni como estarán las viviendas en ese momento. También consigue ingresos. A cambio, ¿qué quedará de la hipoteca si eso se generaliza?.
Por otra parte, el ayuntamiento de Barcelona, como otras ciudades de España, tiene una tasa a los cajeros de las entidades bancarias. La Real Academia Española define la tasa como el tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades. Efectivamente, el cajero da un servicio, pero no es del ayuntamiento sino de la entidad que lo ha puesto en el interior de sus paredes, en su antesala o dentro de su oficina. El ayuntamiento no limpia, ni siquiera el espacio intermedio en la noche que sirve de dormitorio de algunos itinerantes. ¿Qué se hace con el dinero recaudado de la banca y sus clientes? ¿Está segura la persona que tuvo la idea de que se hará un mejor uso de lo recaudado que el que hubieran hecho las entidades financieras y sus clientes?.
Hay una evidencia abrumadora que relaciona el aumento de los recursos fiscales con la reducción del ritmo de crecimiento económico de los países. A finales de los años noventa se hicieron estudios rigurosos sobre veinticuatro países en diferentes estados, entre ellos España. En todos se ve que lo que se puede obtener aumentando la tributación es inferior, a lo que se consigue rebajando los impuestos. Lo mismo reza para las administraciones subcentrales: para conseguir y dar más no hace falta ser mayor, basta con ser mejor, pensar en los resultados inmediatos y los diferidos, respetar los ciudadanos y su capacidad de saber lo que le conviene.
Joaquín Trigo Portela, director general de IEE Madrid.
