La negativa de Rajoy a aceptar el pacto fiscal que Artur Mas le exigió el pasado mes de septiembre fue el detonante de la anticipación electoral catalana y de la ulterior declaración soberanista con pretensiones de ruptura.
Sin embargo, como nadie ignora, este proceso viene de bastante atrás, y más concretamente se planteó cuando se enunciaron los planteamientos reivindicativos que dieron lugar al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, severamente mutilado en 2010 por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Como se recordará, el Tripartito que gobernó en Cataluña desde 2003, con Pasqual Maragall al frente, enunció con toda claridad la disconformidad de aquella comunidad autónoma con las balanzas fiscales, que ponían de manifiesto que se estaba detrayendo de los presupuestos catalanes un excesivo porcentaje del PIB en concepto de solidaridad, y exigió, además de una revisión del estatuto, que reconsiderara el modelo de compensación interterritorial, más equidad en las inversiones del Estado y el respeto al principio de ordinalidad, es decir, que ninguna comunidad española descienda posiciones en el ranking de renta per capita tras efectuar sus contribuciones a la solidaridad interna del Estado.
La frustración catalana por el fracaso de aquel intento renovador, que ya había sido aprobado -sin demasiado entusiasmo, ciertamente- en referéndum por los propios catalanes, ha estado en el origen de la movilización catalanista hacia la secesión.
Rajoy, reacio en principio a cualquier cesión, ha entrado, al parecer, por la vía del pragmatismo y se dispone a negociar con Cataluña un nuevo sistema de financiación que atienda lo que tienen de atendible las demandas catalanas y, en general, de las comunidades más prósperas, lo que incluye a Madrid y a Baleares. Como es conocido, el modelo vigente se acordó en 2009 con una vigencia de cinco años, por lo que cumple revisarlo al final de 2013.
No es una solución original, puesto que los tres presidentes anteriores la utilizaron cuando necesitaron el concurso de CiU para gobernar (ahora el caso es más grave, por lo que parecería necesario más consensos y más cordura que antaño). El periodista Fernando Garea, que ha escrito sobre ese asunto, cuenta hasta seis modelos de financiación distintos, con innumerables ajustes intermedios, en toda la etapa democrática. Casi siempre a instancias de CiU.
La primera reforma a fondo fue en 1993, cuando González tuvo que gobernar con exigua mayoría relativa gracias al apoyo de CiU: cedió el 15 por ciento del IRPF, algo que rechazó el PP pero que tampoco aceptaron Extremadura, Castilla-León y Galicia. En 1997, los acuerdos de gobernabilidad de Aznar con CiU preveían la cesión del 30 por ciento del IRPF y el otorgamiento de importante capacidad normativa, y entonces se opusieron el PSOE y otras tres comunidades, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. En 2001, Aznar aprobó el cuarto modelo de financiación, que duró hasta 2009, año en que Zapatero trató de destensar la relación con Cataluña mediante más concesiones; en esta ocasión, CiU, en la oposición en Cataluña, no estuvo de acuerdo?
Ahora, el PP está, según parece, dispuesto a una reforma profunda que supondría la aceptación parcial de las tesis del nacionalismo catalán, que en el fondo pretenden un modelo semejante al concierto vasco. Poco se conoce de la propuesta del PP, aunque García Margallo ha dado algunas pistas fundamentales: a su juicio, ha de transferirse íntegramente el IRPF y "el Gobierno debe reservarse los grandes impuestos que afectan al mercado interior: el IVA y el Impuesto de Sociedades", y "el resto de impuestos [debe quedar] al arbitrio de cada autonomía". Para explicar la filosofía gubernamental, el ministro de Asuntos Exteriores ha indicado que "la corresponsabilidad fiscal no es tanto transferir agua como dejar a las autonomía que exploten sus propios pozos".
La secuencia de concesiones que podría culminar en una nueva y definitiva reforma dentro de poco tiempo ha demostrado una peligrosa improvisación que dura desde la fundación del sistema. Tendría sentido que, en esta ocasión terminal en que está en juego la unidad del Estado, se busquen todos los consensos posibles -no será fácil conseguirlos-, se delimite qué solidaridad interna es posible en este país y se idee una fórmula cerrada que consolide un modelo cuasi federal que no haya de estar eternamente en disputa (aunque es razonable que se produzcan periódicamente pequeños ajustes para asegurar su funcionalidad). La fractura entre la sociedad catalana y la democracia española es grave y conviene fabricar las costuras con la máxima ambición y con la mayor magnanimidad de las partes.
Antonio Papell. Periodista.
