Del mismo modo que aquel médico de pueblo que recetaba a todos sus pacientes aspirina y dejaba que la naturaleza obrara, los gestores del sistema público madrileño de salud parecen tener una única receta para todos los males de la sanidad, que es privatizar su gestión. La decisión, que ha generado rechazo entre profesionales, organizaciones médicas, pacientes y ciudadanos, y ha suscitado un intenso debate, es polémica por varios motivos:
1) Porque bajo la apariencia de responsabilidad y capacidad resolutiva de los responsables políticos se esconde una declaración de incapacidad gerencial, motivada por la falta de coraje para asumir decisiones difíciles en el ámbito de la gestión, que van desde lo laboral a lo presupuestario y desde lo asistencial a lo organizativo. Cualquier reorganización integral implicaría un proceso de cambio lento que supondría, previsiblemente, una conflictividad no deseada. La decisión tomada es de asimilación rápida: comienzo de legislatura, proceso corto y votantes olvidadizos. Una jugada de manual, si no fuera porque el conflicto pudiera alargarse inesperadamente.
2) Porque bajo el argumento de "razones presupuestarias" se sigue profundizando en iniciativas (construcción hospitales privados, externalización de análisis clínicos, etc.) que forman parte del ADN ideológico, que con toda legitimidad defiende el partido gobernante de la comunidad, pero que, astutamente, no incluye en su programa electoral (ni una línea). Incumplido el compromiso adquirido con la ciudadanía mediante una decisión ni conocida ni propuesta, ¿qué legitimidad tendrán los políticos para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los concesionarios?
3) Porque, si los costes de ambos sistemas no son comparables, el precio (canon) no puede transmitir información sobre los mismos. Por tanto, afirmar solemnemente que la sanidad es "más barata" o "más eficiente" es intentar, deliberadamente, fabricar verdades por reiteración a pesar de la inconsistencia de sus argumentos.
4) Porque la aparente lealtad en el cumplimento de las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno central por razones del déficit se ofrece como única opción posible. Ahorrar 200 millones del presupuesto sanitario para 2013, cifra insuficientemente justificada, podría conseguirse con sencillas alternativas: (a) aumentar un céntimo el impuesto sobre la venta a minoristas de hidrocarburos (88 millones), y disminuir un 3% los gastos en bienes y servicios (113 millones); o bien, (b) fijar el 20% del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas (actualmente a 0% y que soportan grandes empresas: 28 millones) y disminuir el personal eventual de gabinetes (4 millones) y un 2% los gastos en bienes y servicios y transferencias corrientes (169 millones).
5) Porque la asimetría informativa en temas de sanidad está motivada por la falta de datos que dificultan estudios comparativos. Si Madrid, al igual que otras autonomías, no publica en su web la liquidación de presupuestos de ningún año, ¿cómo esperar que ofrezcan datos sanitarios comprometidos? Una irresponsabilidad de los dirigentes regionales que induce a la sospecha y fomenta el descrédito en unos momentos en que la sociedad reclama y exige transparencia.
6) Porque la opacidad informativa viene acompañada de una casi irrelevante actuación de los órganos supervisores. Según los datos publicados en la web de la Cámara de Cuentas, de los 80 informes de fiscalización publicados desde 2003, sólo 3 (el 3,8%) corresponden a materia sanitaria, se refieren a funciones específicas y ninguno aborda de forma integral un hospital concreto. Según los datos publicados en la web del Tribunal de Cuentas, de los 959 informes publicados desde 1983, sólo 17 (1,8%) se refieren a materia sanitaria (el último hospital fiscalizado es el Ramón y Cajal de Madrid -periodo 1984-86-), por lo general revisan funciones específicas e incluyen dos informes sobre la contratación de las fundaciones constituidas al amparo de la ley 15/1997.
7) Por la inexplicable inexistencia de instituciones independientes de los poderes públicos que garanticen observación y vigilancia de las prestaciones sanitarias. Si consideramos la supervisión como un coste asociado a la prestación de servicios (teoría del coste de las transacciones), no deberíamos renunciar a ella por el alto precio que no tardará en pagar la sociedad.
La usucapión es esa figura jurídica por la que se accede a la propiedad de un bien por su mera posesión durante un periodo continuado de tiempo. Ciertamente, la privatización no supone transmisión de titularidad, pero el proceso iniciado en la sanidad se asemeja a dicha figura porque la gestión, que equivale a la posesión, podría suponer para los gestores privados el dominio absoluto de los recursos sanitarios para su propio beneficio. Un riesgo común en los contratos de agencia que podría evitarse con espíritu constructivo, humildad intelectual, generosidad política y sentido de la oportunidad.
Miguel Javier Díez y Rafael Martín, economistas.
