La corrupción está íntimamente relacionada con la regulación de un país, es decir, con sus normas, leyes y actuaciones administrativas. Un exceso de regulación es negativo, ya que introduce una gran complejidad en las relaciones económicas y empresariales. Pero es mucho más importante su calidad. Las regulaciones son necesarias siempre que incentiven un funcionamiento eficiente y equilibrado de los mercados.
En el caso español, durante el franquismo se estableció un marco institucional con un exceso de regulaciones. Por ello, la mayoría de los empresarios no tenían otra manera que servirse de la corrupción para conseguir mantener en funcionamiento sus empresas, porque no lo podían conseguir ni en el mercado ni por medios legales. De hecho, en países con marcos institucionales favorecedores de la corrupción, la propia corrupción es un mecanismo que permite que las empresas puedan funcionar y no se queden estancadas. Aunque, evidentemente, lo mejor es cambiar hacia un marco institucional más adecuado. Es lo que ha hecho España desde la llegada de la democracia, en el marco de la Unión Europea. Este proceso de desregulación (más bien de cambio de regulación, reduciéndola y haciéndola menos agresiva) ha permitido, de forma general, que los empresarios españoles, para obtener beneficios, no necesiten hacer uso de la corrupción, sino de los mecanismos del mercado, produciendo más con menores costes, y aumentando su eficiencia y su competitividad.
No obstante, el proceso dista de ser perfecto, y la percepción de alta corrupción que tiene hoy en día la ciudadanía exige entender qué hay que mejorar para reducir los niveles de corrupción en España. Aparte de la regulación, existen otros factores que dificultan la lucha contra este problema. Uno de ellos es la propia actitud de la sociedad española justificando ciertas corrupciones menores. Nos asombramos de que políticos de otros países dimitan por cuestiones menores como plagiar una tesis doctoral o mentir sobre una multa de tráfico, pero los propios ciudadanos realizan constantemente conductas inapropiadas como defraudar en el IVA, descargar canciones piratas, o llevarse material de los hospitales públicos. El problema es que, si se aceptan estas conductas (tanto a los ciudadanos como a los políticos, que no son más que un reflejo de la sociedad a la que representan), es muy difícil poner una línea que separe la corrupción aceptable de la que no lo es. También el mal funcionamiento de la justicia, politizada, lenta y con mecanismos utilizados perversamente, como los indultos, dificulta la lucha contra la corrupción.
En cuanto al papel de la regulación en la corrupción, en primer lugar, la descentralización administrativa de la economía española ha provocado una compleja redistribución de la capacidad de regular que crea duplicidades, problemas de incertidumbre en los agentes afectados e inseguridad jurídica. Por otro lado, el proceso desregulador no ha afectado por igual a todos los sectores económicos, y existen algunos donde las regulaciones son excesivas e ineficientes. ¿Por qué? El principal motivo es su discrecionalidad. Reglas no discrecionales, es decir, claras e iguales para todos, no permiten la corrupción, salvo en países con corrupción generalizada donde, a pesar de tener todos los permisos y papeles en regla, necesitas corromper al gobernante para que te aprueben tu proyecto. A mi entender, éste no es el caso español. Pero cuando las reglas son discrecionales, poniendo en manos de un funcionario o político la decisión subjetiva de aprobar o no un proyecto, la corrupción surge muy fácilmente.
El consejo, pues, es tolerancia cero ante cualquier corrupción (gran parte de la sociedad discrepará), evitar regulaciones complejas (los juristas discreparán), centralizar la mayoría de esas regulaciones y delimitar claramente las competencias en las regulaciones regionales y locales (los nacionalistas discreparán), y evitar las regulaciones discrecionales (los funcionarios y políticos discreparán). Un buen resumen es la recomendación que Don Quijote dio a Sancho Panza cuando iba a ser gobernador de la Ínsula de Barataria: para un buen gobierno hacen falta "pocas [y buenas] normas y que se cumplan".
Luis Pires, Profesor de Economía en la URJC.
