El problema está en el desajuste entre un gasto público excesivo y unos ingresos inferiores.
Los recortes en sanidad y educación, que se han aprobado en el Presupuesto General del Estado para 2013 y en los de algunas comunidades autónomas como, por ejemplo, la de Madrid, han despertado el temor de que se quieran "privatizar" estos pilares básicos del Estado del bienestar (EB), como tratan de recordarnos las continuas manifestaciones y huelgas de sanitarios y personal de enseñanza.
Para responder a la pregunta de si hay que privatizar el EB, conviene tener presente que no es la primera vez que se plantea el asunto de si se ha de reformar el EB vigente para garantizar su sostenibilidad. En las crisis por las que ha pasado últimamente nuestra economía, y las de otros países de nuestro entorno, como las del comienzo de los años 70 y 90, se plantearon las mismas cuestiones que nos preocupan ahora.
En todos los casos el problema se presenta por el desajuste entre un gasto público excesivo y la disminución de los ingresos por las cotizaciones sociales o por los impuestos que sufre cualquier economía en las fases recesivas de los ciclos coyunturales.
Para saber si el remedio puede estar en privatizar el EB, y más concretamente si es ésta la estrategia del Gobierno del Partido Popular, hemos de precisar en qué consistiría la privatización de la protección social y si es cierto que tenemos un EB en el que el Estado es el último responsable del bienestar de todos los ciudadanos.
Quizás nos ayude, a fin de precisar lo que sería una auténtica privatización de la protección social, recordar la naturaleza del sistema público de pensiones, cuya privatización, por ahora, a casi nadie se le ha ocurrido proponer. En el modelo del llamado sistema de reparto para las pensiones contributivas, cada ciudadano a lo largo de su vida laboral aporta unos recursos con los que se financian las pensiones de los que en esas fechas ya están jubilados, de modo que, cuando lleguen a la misma situación los que ahora son población activa, recibirán las pensiones financiadas con las aportaciones de los que entonces estén ocupados. En este sistema el Estado sólo interviene para determinar el nivel de cotizaciones y el de la pensión que se recibirá, y por esa circunstancia podía pensarse que es un modelo de protección privado.
Sin embargo, el verdadero sistema de pensiones privado es el que se llama de capitalización, porque en él cada ciudadano escoge la empresa que gestionará sus ahorros y los ingresos de que podrá disponer cuando se jubile dependerán del acierto con que se haya gestionado ese fondo de pensiones.
Estas precisiones son importantes para explicar si cuando normalmente hablamos de EB nos referimos a una protección social totalmente establecida, financiada y gestionada por el Estado o más bien a un sistema en el que el Estado desempeña un papel importante pero no exclusivo, como ocurre en el sistema de reparto de las pensiones.
Los orígenes históricos del concepto de EB suponen que se dio un paso importante en la protección social al universalizarla para todos los ciudadanos, estuvieran o no implicados en una relación laboral, y, por eso, el Estado asumió parte de la financiación que no se cubría con las cotizaciones sociales. Esta nueva forma de entender la protección social no implicaba necesariamente, como defienden algunos con una evidente carga ideológica, que el Estado se había de convertir en el valedor exclusivo ante las contingencias de la vida de todos los ciudadanos.
Frente a una cultura socializante el modelo de EB de la Europa comunitaria propone que ha de existir un Estado que garantice que ningún ciudadano, en situaciones precarias involuntarias, carecerá de los servicios sociales básicos como los que se refieren a la sanidad, a la educación y, por supuesto, a la tercera edad; pero esto no implica que se transfiera al Estado la responsabilidad de velar por todos los ciudadanos, prescindiendo de su situación económica, ni que el Estado tenga que gestionar con exclusividad los servicios de sanidad y educación, que deben estar al alcance de todos los ciudadanos. Y como dichos servicios se tienen que facilitar a través de centros como los ambulatorios, hospitales, escuelas y universidades sería un error pensar que, porque se permita que algunos de esos centros estén en manos privadas, se está privatizando el modelo de EB, tal como lo entiende el modelo social europeo.
Otra cosa es que los profesionales, que trabajan en dichos centros, prefieran seguir dependiendo de la gestión del sector público en vez de pasar a una iniciativa privada que puede tener consecuencias para su vida profesional. Lo que no se debe hacer es mezclar las cosas, como está ocurriendo en tantas manifestaciones y huelgas, porque no es verdad que si los servicios de protección social se confían a la iniciativa privada esto suponga que los poderes públicos renuncian a sus obligaciones con una privatización total del EB.
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