El incremento desmedido de la presión fiscal anula el esfuerzo de las empresas. Sin una dosis de confianza en el medio y largo plazo, no se encenderá el motor del consumo.
Las principales previsiones apuntan a que a lo largo del año la economía española puede iniciar un cambio de tendencia hacia la recuperación. Por eso ahora más que nunca, el tacto de las Administraciones para impulsar reformas pendientes y el esfuerzo del resto de agentes económicos será determinante para consolidar ese despegue. El punto de partida no es fácil, pero sin una dosis de confianza en el medio y largo plazo no es posible encender los motores del consumo, la inversión y el empleo.
La distribución ha sido uno de los sectores que más ha padecido la crisis de consumo. Sin embargo, ha trabajado en una permanente mejora de sus procesos, reducción de sus márgenes, actualización de su oferta y establecimientos. Con un objetivo, ofrecer a los consumidores la mejor gama de productos a los precios más económicos, justo en un momento en el que millones de hogares lo necesitan. La evolución del IPC comercial, que ha avanzado tres puntos menos que el IPC general desde el inicio de la crisis, atestigua este esfuerzo del sector por mantener el poder adquisitivo de los hogares.
Las grandes empresas de distribución ofrecen, además, en torno al 40% del crédito al consumo; realizan compras a proveedores nacionales por valor de 29.000 millones; han mantenido un ritmo inversor superior a los 2.000 millones de euros anuales, y su aportación al valor añadido bruto roza los 15.000 millones. La distribución es por tanto un sector competitivo y ha tenido un comportamiento socialmente responsable en la salida de la crisis.
Sin embargo, las empresas no pueden recorrer solas este camino. Necesitan de una política económica que reme en la misma dirección. En este sentido nos preocupa enormemente el incremento, muchas veces desproporcionado e irracional, de la presión fiscal sobre las empresas. Tendencia que anula, en gran medida, sus esfuerzos por mejorar la productividad.
Bajo una pretendida fiscalidad verde, algunas Comunidades están instaurando impuestos sobre los asuntos más variados e inconsistentes. Algunas han establecido un impuesto sobre grandes superficies para gravar los desplazamientos de sus clientes. Este tributo ignora el principio más elemental de la fiscalidad medioambiental de que "quien contamina, paga". E ignora que el impuesto a los hidrocarburos ya grava el impacto de los vehículos. Además, establece que los desplazamientos a una tienda contaminan más que los que se realizan a un campo de fútbol, un parque de atracciones o un mercado mayorista.
También se pretenden establecer impuestos sobre los envases, ignorando el punto verde que ya pagan los envasadores y que han permitido una gestión medioambiental que supera los objetivos comunitarios más exigentes. Por otro lado, las últimas modificaciones que se han introducido en las cotizaciones sociales de determinados contratos han incrementado en más de 1,5 puntos el coste para las empresas, cuando el compromiso anunciado por el Gobierno, tras la subida del IVA, era el contrario. A todo esto hay que sumar la presión fiscal municipal, que se ha duplicado en los últimos meses. Y el coste de la electricidad, entre los más altos de Europa.
Este incremento desmedido de la presión fiscal y de los costes está anulando, en gran medida, el esfuerzo de los empresarios y trabajadores para mantener el empleo, mejorar la productividad y competitividad de las compañías. Desgraciadamente, en muchos casos solamente pueden ser parcialmente compensados con una reducción del empleo. Por otro lado, la situación actual de la economía requiere acometer reformas profundas que remuevan las innumerables trabas y barreras proteccionistas que impiden a las empresas desarrollar su actividad en un marco de plena libertad y leal competencia. Apenas hace dos meses, la OCDE volvía a incluir en la lista de tareas pendientes del Gobierno español la imprescindible liberalización del comercio. Este organismo hacía hincapié en la libertad de las empresas comerciales para poder determinar sus horarios de apertura en función de la demanda de sus clientes y no de un criterio administrativo. Aunque el Ejecutivo ha dado algún paso en esta dirección, el camino recorrido ha sido muy pequeño.
Para salir fortalecida de la crisis, España no puede ocupar los primeros puestos del ranking europeo de trabas al emprendimiento. En primer lugar porque supone un coste anual de 45.000 millones de euros, según cálculos de la CEOE. En segundo lugar, porque simplificando este marco normativo se podrá competir mejor con el resto de economías.
Las situaciones de crisis son también las de las grandes oportunidades que van a condicionar el futuro del país. Por eso, la recuperación requiere una actuación coordinada de los sectores económicos y las Administraciones, con un objetivo suficientemente explicado y compartido por la sociedad, apostando por reformas estructurales que generen confianza, previsibilidad en el futuro y sienten unas bases sólidas de nuestro crecimiento económico.
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