El sector público ha comenzado al fin a ajustar plantillas. El aumento de los parados de larga duración indica que las ETT deben tener más protagonismo.
El sector público empieza a consolidar la reducción de su masa salarial. Ésta es una de las principales conclusiones que se extraen del análisis de la EPA del tercer trimestre del año. Desde que se inició la crisis hemos venido asistiendo a una asimetría en el esfuerzo por reducir costes entre las AAPP y la iniciativa privada. La situación era insostenible a pesar de la elevada presión tributaria, pero parece que ya hay un punto de inflexión real.
A diferencia de lo que sucedía hasta finales del pasado año, el sector público ha comenzado a ajustar sus plantillas tras experimentar un importante crecimiento en plena crisis. Por fin, las Administraciones Públicas son las que empiezan a registrar su necesario ajuste de empleos.
De los casi 97.000 empleos destruidos entre los meses de julio y septiembre, casi 50.000 pertenecían al sector público (-1,6 por ciento) y 47.600 al privado (-0,3 por ciento). De esta forma se evidencia el recorte de personal que está haciendo todo el aparato público para rebajar costes y, por lo tanto, reducir la pesada losa del déficit. En concreto, el INE contabiliza ya 228.800 empleos públicos destruidos en el último año (-7,1 por ciento).
Analizando los últimos datos oficiales, resulta sorprendente que durante los años de la crisis, el empleo público ha crecido alrededor de un 10 por ciento, mientras que el privado se ha visto obligado a caer un 14 por ciento. Esto significa que mientras que la iniciativa privada trataba de reducir sus costes salariales para hacer frente a la crisis, las AAPP ponían en marcha una política de huida hacia delante de más gasto corriente, lo cual se transformaba en un obstáculo cada vez más grande para hacer frente al déficit y se hacía recaer sobre los hombros tributarios de empresas y familias, cada vez más cargados.
De las tres Administraciones Públicas (central, autonómica y local), han sido las comunidades autónomas las que se llevan el poco honroso mérito de ganar esta loca carrera del gasto con un aumento del empleo del 15 por ciento (desde el tercer trimestre de 2007 hasta el cuarto de 2011). Sin embargo, las últimas cifras nos vienen a revelar que esa inercia perversa ha cambiado. Estamos, por lo tanto, en pleno proceso de ajuste de los empleados públicos a una cantidad razonable en función a nuestra realidad económica que debe culminar en una mejora en la eficiencia de nuestro aparato público. A fecha de hoy, nuestras Administraciones Públicas sólo son más eficientes que las existentes en Grecia, Portugal e Italia.
Por otro lado, el segundo aspecto importante que arroja la última EPA es que se ralentiza la velocidad en la destrucción de empleo. Es verdad que nuestro mercado de trabajo se mantienen porcentajes dramáticos y que continúa en la unidad de cuidados intensivos perdiendo sangre, pero parece que empieza a perder cada vez menos. En concreto, entre julio y septiembre del año pasado se perdieron 146.800 empleos (ahora se han destruido 96.900) y el número de parados aumentó en 144.700 (ahora ha aumentado en 85.000). En cualquier caso, las empresas siguen necesitando herramientas que favorezcan la contratación y luchen contra el absentismo, además de rebajas fiscales que palíen la eliminación de las bonificaciones a la contratación.
Uno de los dramas que transmiten los datos es el de los parados de larga duración (quienes llevan más de un año sin empleo), ya que su número aumenta en 83.300 personas entre julio y septiembre, lo cual supone un 3,3 por ciento más que en el segundo trimestre. Este colectivo suma ya más de 2,5 millones de personas, que equivalen al 44,6 por ciento del total de desempleados. Durante los últimos doce meses, su número ha aumentado en 458.800 personas (un 21,6 por ciento más que en el tercer trimestre de 2011), lo cual es una prueba irrefutable de que la intermediación pública no funciona y que es urgente dotar a las ETT de un mayor protagonismo antes de que consolidemos esa cifra y se convierta en paro estructural.
Los jóvenes españoles siguen siendo los más castigados en el mercado de trabajo en comparación con los países de la OCDE. La tasa de paro juvenil (menores de 25 años) se encuentra en el 52,34 por ciento, apenas 0,94 puntos menos frente al segundo trimestre, situándose en 970.200 jóvenes. En cualquier caso, sigue creciendo a nivel interanual (6,5 puntos más).
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