Que 200.000 personas mantuvieran sus puestos de trabajo y que medio millón de personas con discapacidad no quedaran desamparadas. Estos fueron los retos con los que nos sentamos a negociar el XIV Convenio Colectivo de General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, publicado en el BOE el pasado martes. Y cuando nos levantamos de la mesa todos estábamos satisfechos. Habíamos estado trabajando durante meses en un acuerdo único, que además puede ser extensible a otros sectores y gracias al cual una de las partes del Estado de Bienestar no queda a la deriva.
Siempre tuvimos muy presente que el resultado final del acuerdo pudiera ser medido en clave de sostenibilidad de las organizaciones que prestan servicio a las personas con discapacidad. No hay atención, ni empleo, ni mucho menos calidad en el empleo, cuando los proyectos están en la zozobra o directamente perecen. En un escenario de gran incertidumbre como el actual, el convenio rubricado por patronales y sindicatos incorpora medidas de contención del gasto y de previsibilidad de costes a largo plazo, de 2011 a 2016. Y en este eje se sitúa el empleo, favoreciendo desde la estabilidad empresarial el mantenimiento del mismo sin efectuar recortes salariales.
Pero la sostenibilidad de las entidades no es suficiente. La negociación se ha movido en un segundo eje: el fomento de la competitividad y de la productividad de las organizaciones. En un escenario recesivo, si no depresivo como señalan economistas prestigiosos e independientes como Joseph Stiglitz o Paul Krugman, se hace aún más necesario que nunca contar con herramientas que permitan mejorar la posición de la empresa, sin incurrir en mayores costes que no va a encontrar quien los pague. Para abordar este objetivo, el convenio ha generado un nuevo escenario que potencia el desarrollo profesional de los trabajadores y la mejora de las habilidades directivas de los dirigentes mediante una nueva clasificación profesional y el desarrollo de competencias vinculadas directamente a cada puesto de trabajo.
Quizá ésta sea una de las principales innovaciones del convenio, marcando incluso un hito de referencia en la negociación colectiva nacional: la identificación, definición y graduación de las competencias profesionales que se consideran más adecuadas para el mejor desempeño de la labor profesional en cada puesto de trabajo dentro del sector, así como el establecimiento de un completo sistema de evaluación periódico y de desarrollo consecuente de esas competencias. Se pretende así obtener una mayor flexibilidad organizativa, posibilitando recomponer los procesos de trabajo y redistribuir las actividades según las necesidades cambiantes de la actividad; disponer de profesionales con conocimientos, cualidades y aptitudes que les permitan desempeñar su trabajo con igual resultado en distintas situaciones; y una mayor motivación, suscitando una continua capacidad para incrementar el interés y el compromiso de las personas trabajadoras con su cometido profesional.
En el convenio se han pactado modificaciones sustanciales sobre la anterior regulación: la contención de rentas salariales durante la vigencia del acuerdo, la disminución de los días libres, la reducción del complemento en situación de incapacidad laboral transitoria, la creación de una bolsa de horas para atender periodos con más trabajo, la supresión de la antigüedad y el mantenimiento de la ultraactividad del convenio, pero limitando el impacto del efecto retroactivo del nuevo acuerdo de manera que sus efectos sólo contarán a partir de la firma del que le sustituya.
Patronales y sindicatos hemos realizado un ejercicio de responsabilidad social ofreciendo un liderazgo acorde con las exigencias del contexto socioeconómico. De esta manera, las Administraciones Públicas y el conjunto de la sociedad han hallado una respuesta válida para sostener la viabilidad de la atención a las personas con discapacidad.
En definitiva, estamos convencidos de que con este acuerdo hemos trasladado al sector en general y a cada empresa en particular, la certeza de que el diálogo social es la mejor respuesta posible a la crisis y, por eso, este se convierte en una herramienta indispensable para el cambio. La paz social que deja el amplísimo acuerdo otorga una oportunidad para todas y cada una de las empresas del sector, en un momento donde la división y la confrontación pueden poner en riesgo muchos proyectos sociales y de empleo.
Ismael Carrillo Cosano, Vicepresidente de AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad).
