Según las últimas encuestas, la popularidad del presidente francés, François Hollande, y del primer ministro de su Gobierno, Jean-Marc Ayrault, ha sufrido un drástico descenso en el mes de septiembre. El primero ha visto reducido su apoyo en 9 puntos en tan sólo un mes (pasando de un 54 a un 43 por ciento entre los meses de agosto y septiembre), mientras que el segundo ha perdido 7 puntos (de un 57 a un 50 por ciento) en el mismo período.
Cuatro meses después de su llegada al poder, el anuncio de un recorte de entre 30.000 y 35.000 millones de euros que no figuraba en sus promesas electorales y la subida de impuestos han sido objeto de numerosas críticas por parte de la oposición. Tanto los miembros del partido socialista como el propio presidente argumentan que la difícil situación económica y financiera que atraviesan Europa y Francia, hacen necesaria la toma de decisiones urgentes no siempre populares pero imprescindibles para la reducción del déficit público.
Y es que la clase política se encuentra dividida ante la actividad de un presidente que se autodefine como "normal" e intenta huir de la presidencia bling-bling (nuevo rico) de su predecesor Nicolás Sarkozy. Por otra parte, en el ámbito social, la segunda ley de finanzas rectificativa 2012 n° 2012-958 del pasado 16 de agosto, ha modificado cuestiones sociales aprobadas por el gobierno Sarkozy, suprimiendo la deducción patronal por horas extraordinarias, la reducción de su cotización a la seguridad social y su exoneración del impuesto sobre la renta. Asimismo, se ha eliminado el denominado IVA social instaurado por el anterior Gobierno (aumento del IVA en 1,6 puntos porcentuales a partir del 1 de octubre de 2012, llegando así al 21,2 por ciento, como contrapartida a una ligera reducción de las cargas patronales) que debía aplicarse a partir del 1 de octubre.
Además, el nuevo Gobierno comenzará a aplicar en breve algunas de las medidas relativas al empleo contenidas en su programa electoral, presentado como el eje fundamental de su programa político junto con la educación y la seguridad. Entre ellas destacan la creación de un "contrato generación" previsto para los primeros meses de 2013 y cuyo objetivo es favorecer el empleo de jóvenes y séniors, la revisión (en curso) del tratamiento fiscal de las horas suplementarias y el refuerzo de los medios atribuidos al Pôle Emploi (equivalente del SEPE en España) para mejorar el acompañamiento de los parados.
El Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) estima que el impacto de estas medidas durante los próximos cinco años de gobierno será mucho más limitado que el previsto. "En un contexto muy degradado e incierto, la estrategia de crisis del Gobierno es en principio presupuestaria, con el objetivo de reducir el déficit público al 3 por ciento del PIB a finales del 2013" estiman los economistas, para quienes "el equilibrio presupuestario deseado para 2017 tendrá sus consecuencias sobre la actividad y el empleo, puesto que este rigor suplementario amputaría 1 por ciento de actividad y más de 160.000 empleos en 5 años".
Entre tanto, el actual Ministro del Trabajo, Michel Sapin, ha anunciado que la barrera simbólica de los 3 millones de parados ha sido sobrepasada durante el mes de julio. La barrera del millón de parados había sido superada en Francia en 1977, y la de los 2 millones en 1982. En 1993, durante el gobierno de François Mitterrand, el desempleo en Francia alcanzaba por primera vez la cifra de los 3 millones de parados, debiendo esperar hasta 1995 para volver a una cifra de parados inferior a 3 millones. La "batalla por el empleo" de François Hollande comienza a dar unos tímidos pasos ya calificados por los economistas y la oposición como insuficientes. Con una previsión de 200.000 nuevos parados para 2013 y la entrada en el mercado de alrededor de 800.000 jóvenes al año, un crecimiento anual del PIB de al menos un 1,5 por ciento sería necesario. El Gobierno prevé un crecimiento del orden del 0,3 por ciento en 2012 y revisa a la baja la previsión para 2013. La batalla por el empleo ha comenzado y será, sin duda, complicada.
Santiago Guzmán González, abogado del Departamento Laboral de Cuatrecasas Goncalves-Pereira. París.
